Organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles un informe que documenta graves violaciones a los derechos humanos durante los tres años del régimen de excepción en El Salvador, implementado desde el 27 de marzo de 2022. Entre las vejaciones más comunes perpetradas se encuentran las capturas masivas, el hacinamiento penitenciario y las muertes dentro de los penales.

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Según el informe, entre 2022 y 2025 se han recibido 6,889 denuncias, de las cuales el 52% corresponde a jóvenes capturados, principalmente hombres de entre 19 y 30 años.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa a solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, tras una ola de homicidios que dejó 82 víctimas en marzo de 2022. Desde entonces, ha sido prorrogado mensualmente con el objetivo de combatir a las pandillas, pero las organizaciones denuncian que ha resultado en abusos generalizados contra personas sin vínculos con estas estructuras criminales.

Principales hallazgos del informe

El informe, elaborado por organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSP), Fundación AMATE, FESPAD, Red de Defensoras, Azul Originario (AZO) y el IDHUCA, destaca los siguientes puntos:

• Capturas masivas: Hasta marzo de 2025, se han registrado más de 85,000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias. El 50% de los detenidos son jóvenes de entre 19 y 30 años, mientras que el 35% corresponde a personas de entre 31 y 59 años.
• Hacinamiento penitenciario: El Salvador tiene una tasa de 1,824 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, la más alta a nivel mundial. El hacinamiento en las cárceles alcanza el 369.5%, con excepción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
• Denuncias contra agentes estatales: El 75% de las denuncias recibidas señalan a la Policía Nacional Civil (PNC) como responsable de violaciones a derechos humanos, cifra que aumenta al 82% cuando se incluye la participación conjunta de la PNC y la Fuerza Armada (FAES).
• Muertes en centros penales: Varias organizaciones han documentado muertes dentro de las cárceles. El SSP registró 278 muertes entre marzo de 2022 y diciembre de 2024, mientras que Cristosal verificó 265 muertes hasta abril de 2024 y Socorro Jurídico Humanitario reportó 375 muertes hasta marzo de 2025.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), subrayó que la población salvadoreña «no tiene libertad ni justicia y tampoco se le respeta su integridad personal» bajo el régimen de excepción. Además, instó al Estado a publicar datos homologados sobre las muertes en el sistema penitenciario y a garantizar investigaciones independientes sobre estos casos.

Las organizaciones enfatizaron que no basta con atribuir las muertes a causas naturales o archivarlas sin una investigación adecuada, especialmente en un contexto donde las instituciones carecen de independencia.

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