La normativa impulsada por Nayib Bukele enfrenta rechazo de sectores sociales y ambientales

El programa El Mapa, transmitido por la señal informativa de teleSUR, analizó este miércoles la controversia generada en El Salvador tras la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. Con la participación del doctor Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), el programa desglosó los principales puntos de conflicto detrás de la normativa promovida por el presidente Nayib Bukele y el partido Nuevas Ideas.

Contexto de la Ley Minera

La Ley General de Minería Metálica entró en vigor el pasado 10 de enero tras ser aprobada en diciembre con 57 votos a favor en la Asamblea Legislativa. Según Bukele, esta iniciativa tiene como objetivo explotar recursos como litio, níquel, platino y tierras raras para revitalizar la economía salvadoreña, generando ingresos que se destinarían a proyectos de reforestación y recuperación de recursos hídricos.

Sin embargo, expertos y organizaciones sociales alertan sobre los posibles impactos negativos de la minería metálica en un país que ya enfrenta serios problemas ambientales. Navarro destacó que esta actividad podría contaminar el río Lempa, principal fuente de agua potable para cerca de 4 millones de salvadoreños.

Rechazo social y antecedentes

Diversos sectores, entre ellos ambientalistas, universidades y la Iglesia Católica, han expresado su oposición a la ley. Además, se denunció la detención de cinco defensores ambientales antes de la aprobación de la normativa, lo que ha generado preocupación sobre un posible patrón de persecución.

El doctor Navarro recordó que El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2017 debido a sus graves consecuencias ambientales y sociales. También subrayó las inconsistencias en las proyecciones económicas de Bukele, quien afirmó que el país podría poseer hasta el 65 % del oro extraíble en el mundo, un cálculo desmentido por estimaciones geológicas internacionales.

Riesgos y tensiones

Navarro advirtió que, más allá de los beneficios económicos prometidos, la ley favorecería principalmente a corporaciones mineras transnacionales, dejando al país expuesto a problemas de contaminación, despojo de recursos y conflictos sociales. Además, enfatizó el temor generalizado en la población salvadoreña debido al régimen de excepción vigente desde 2022, que según él ha sido utilizado para silenciar a los críticos del gobierno.

La controversia en torno a esta ley continúa alimentando el debate en El Salvador, mientras los sectores afectados exigen su veto por parte del presidente Bukele.

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