Al cumplirse tres años del régimen de excepción en El Salvador, la abogada Ingrid Escobar, directora del colectivo Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este jueves que al menos 30.000 personas inocentes han sido detenidas bajo esta medida, junto a 380 fallecimientos en centros penitenciarios y la judicialización de 3.200 menores de edad.

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Según Escobar, de los 85.500 adultos procesados sin condena bajo el régimen, 94% no tienen vínculos con pandillas. «Solo el 6% de los fallecidos en custodia tenían perfil pandilleril; el resto eran civiles inocentes», detalló durante una entrevista con la Agencia Sputnik.

El SJH documentó que, entre las víctimas mortales, 25 eran mujeres y al menos 1.800 menores recibieron condenas superiores a 10 años en juicios que la jurista calificó de «indudablemente injustos».

Persecución a defensores de derechos humanos

Escobar reveló que activistas y abogados enfrentan creciente criminalización: «A mí me dicen diariamente que me llegará el turno de ir presa». Pese a las amenazas, el colectivo mantiene su labor en instancias como la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos, exigiendo la liberación de detenidos sin cargos.

La medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 tras una ola de 87 asesinatos atribuidos a pandillas. Con 57 de 60 diputados oficialistas, la Asamblea Legislativa prorroga el régimen cada 30 días por tres años. El presidente Nayib Bukele defiende la política como clave para reducir la violencia y convertir al país en «el más seguro del hemisferio occidental».

Mientras el gobierno celebra la «recuperación de zonas controladas por pandillas», organizaciones sociales realizan marchas recurrentes en San Salvador exigiendo el fin del régimen. Según Escobar, la medida ha significado «pérdida de garantías constitucionales, derechos humanos y una democracia incipiente sacrificada».

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