Se le imputa por  cargos de asesinato, terrorismo, conspiración para actos terroristas, fraude procesal y encubrimiento.

La Fiscalía General de El Salvador solicitó este jueves la captura del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) tras su ausencia en la segunda jornada de audiencia preliminar relacionada con la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, junto a dos mujeres, ocurrida en 1989 durante la guerra civil (1980-1992).

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El abogado Carlos Miranda, representante legal del exdiputado Rodolfo Parker, confirmó que la Fiscalía pidió al Juzgado Segundo de Instrucción que emita órdenes de arresto para Cristiani y otros cinco acusados que no comparecieron ante el tribunal. 

“Han solicitado la detención provisional para aquellas personas que no se han presentado a esta audiencia”, indicó Miranda, quien subrayó que la Fiscalía reafirmó las acusaciones de delitos de lesa humanidad en contra de los imputados.

Los fiscales presentaron pruebas que, según ellos, implican a todos los acusados en la responsabilidad mediata de los homicidios, fundamentando su acusación en el hecho de que formaron parte del Estado Mayor de la Fuerza Armada durante la época de los hechos. “Han ratificado su acusación,” concluyó el abogado.

En la primera jornada de la audiencia, el Juzgado rechazó la solicitud de los abogados de los acusados de archivar la causa, a pesar de que solicitaron que se declarara la rebeldía de Cristiani, Parker y otros dos militares. 

Según el antiguo Código Procesal Penal de 1998, que se aplica en este caso, la declaración de rebeldía supondría la suspensión de las actuaciones judiciales hasta que el acusado comparezca ante el tribunal.

Los acusados en este proceso incluyen, además de Cristiani y Parker, a los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos ellos enfrentan cargos de asesinato, terrorismo, conspiración para actos terroristas, fraude procesal y encubrimiento.

La masacre ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de una de las ofensivas guerrilleras más significativas de la guerra civil salvadoreña, cuando un grupo de élite del Ejército asesinó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). Las víctimas incluyen a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como al salvadoreño Joaquín López, y a las trabajadoras de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

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