A pesar del estado de excepción vigente en varias regiones y otras medidas de seguridad para hacer frente a la violencia e inseguridad, Ecuador superó por tercer mes consecutivo los 700 homicidios, al contabilizar en febrero 736 crímenes, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior.

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El país suramericano, que está bajo un ‘conflicto armado interno’, declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios del 2024 para luchar contra las bandas de crimen organizado, registró en enero 793 asesinatos y otros 710 en diciembre del 2024.

Los números de los primeros meses del 2025, que suman 1.529 homicidios, superan las registradas en los mismos meses de 2024, en los que hubo 892; y las de 2023, en los que se cometieron 1.039 crímenes.

El 2023 era el año que mayor número de muertes violentas contabilizaba, con picos de 800 casos, lo que llevó a Ecuador a situarse como el más violento de la región.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, la provincia más golpeada por la violencia criminal es Guayas, cuya capital es Guayaquil, que en febrero reportó alrededor de 384 homicidios, que se suman a los 395 que se cometieron en enero.

La zona 8 de la provincia costera, de la que forman parte los municipios de Guayaquil, Durán y Samborondón, que concentró 300 crímenes en febrero y 303 en enero, es el epicentro de la violencia provocada por disputas territoriales entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Además de Guayas, otras provincias costeras también tienen altos índices de homicidios, como Manabí, que en febrero registró 74 crímenes, y Los Ríos, que en el mismo mes tuvo 104 asesinatos.

Los homicidios en Ecuador se han seguido cometiendo en varias partes del país, especialmente en Guayaquil, en donde a inicios de marzo se cometió una de las peores masacres registradas que dejó a 22 personas asesinadas.

Debido al incremento de la violencia e inseguridad, varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denunciaron el viernes que cientos de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares para proteger sus vidas en la ciudad de Guayaquil.

Los grupos sociales advirtieron que las bandas de delincuencia organizada han expulsado a varias familias mediante amenazas y extorsiones, con el objetivo de utilizar esas viviendas para esconder armas, drogas o incluso a personas secuestradas.

Ante tal situación, hicieron un llamado a las autoridades para que reconozcan la existencia de desplazamientos forzados en la ciudad.

El Gobierno ecuatoriano ha relacionado esta escalada de violencia con las elecciones presidenciales y alertó a finales de febrero de un repunte de crímenes en marzo, provocado supuestamente por grupos criminales vinculados a la política.

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