El exfiscal federal Timothy Treanor, especializado en fraudes y con amplia experiencia en la Corte de Nueva York, anunció que la denuncia penal que presentará contra el presidente argentino, Javier Milei, lo coloca en el centro de la estafa de la criptomoneda $LIBRA y no como un simple promotor.

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A diferencia de la demanda civil interpuesta previamente por el bufete Burwick Law, que menciona a Milei como un simple promotor, la acción legal de Treanor sitúa al mandatario argentino como figura clave en una maniobra que estafó a más de 75.000 inversionistas, con pérdidas estimadas en 280 millones de dólares. 

Treanor sostiene que Milei es «imputable en Estados Unidos» por violar la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA), normativa que penaliza el soborno a funcionarios foráneos por parte de ciudadanos estadounidenses.

El exfiscal aseguró contar con pruebas que involucran al mandatario y a su hermana, Karina Milei, en una trama que incluiría lavado de dinero y manipulación de mercado. Su bufete abrió un formulario confidencial para reunir a más afectados, mientras estima que las pérdidas podrían superar los 300 millones si se suman casos en Europa, China y Singapur. 

El escándalo estalló el pasado 14 de febrero, cuando Milei publicó en X un mensaje en el que promocionaba los beneficios de invertir en $Libra, lo que provocó un alza artificial del valor de la moneda virtual: su precio pasó de 0,216 a 5,54 dólares en horas, con un volumen comercial de 1.500 millones.

Sin embargo, el valor colapsó cuando los creadores retiraron los fondos, dejando a los inversores sin recursos. Milei borró el tuit días después y alegó que solo «difundió» el proyecto, pero análisis de blockchain revelaron que grupos cercanos compraron la criptomoneda minutos antes de su publicación. 

Mientras, en Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, amigos de Milei y empresarios involucrados, tratan de dilatar el expediente e impedir que el abogado Juan Grabois intervenga como querellante.

Nicolás Rechanik, abogado que trabaja con Grabois, mencionó algunas de las trabas desde el Ejecutivo “más allá de lo irracional y carente de fundamentos de lo peticionado, resulta extraño que el Presidente, que manifestó que estaba a disposición de la Justicia, busque hacer lo imposible (a través de su socio Novelli) para que las víctimas no puedan siquiera acceder al expediente”. 

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