La extensión de la denuncia contra Dina Boluarte se debe a la necesidad de agregar más datos sobre las víctimas de la represión de las manifestaciones de finales de 2022 e inicios de 2023.

Los abogados y ciudadanos peruanos que presentaron una denuncia contra la presidenta designada Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional (CPI), por las muertes acontecidas durante las manifestaciones antigubernamentales de 2022 y 2023, extendieron su denuncia al aportar datos adicionales sobre dichas muertes.

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Los medios locales divulgaron el documento el viernes, donde los 18 acusados ​​indican que la extensión de la denuncia se debe a la necesidad de agregar más datos obtenidos en los últimos meses y el estado presente de las víctimas de la represión de las manifestaciones sucedidas a finales de 2022 e inicios de 2023.

El 20 de agosto de 2024, el mismo grupo de abogados y expolíticos presentó la denuncia inicial, que involucra a la presidenta Boluarte y a otras autoridades gubernamentales de Perú “implicadas en los hechos que condujeron a la muerte de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos”.

“Desde agosto de 2024 hasta la fecha, han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de autoridades del Perú, mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos, nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial”, señaló el informe.

Asimismo, comunicaron que, con el respaldo de entidades internacionales, tienen el objetivo de impulsar la formación de una Comisión de la Verdad, “que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables”.

Algunos de los acusados ​​incluyen al exrepresentante peruano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Harold Forsyth, al excanciller Diego García Sayán, al exdefensor del pueblo y exministro Walter Albán, al exprocurador Antonio Maldonado y a la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, entre otros.

Por otra parte, esta es la segunda denuncia presentada contra Boluarte en el CPI, ya que en junio de 2024, tanto la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentaron una por el mismo asunto.

El Ministerio Público investiga a Boluarte, desde inicios de 2023, por su presunta participación en actos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad; luego de la muerte de 77 individuos en las movilizaciones, 49 de ellos en conflictos directos con las autoridades de seguridad.

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