Fiscalía de Venezuela apunta contra expresidente argentino, Mauricio Macri

«Lo ocurrido con este avión propiedad de la empresa venezolana Emtrasur fue resultado de un plan fraguado por más de veinte meses» , denunció el Fiscal General de la República de Venezuela, Tarek William Saab. | Foto: Archivo

30 de septiembre de 2024 Hora: 13:56

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, vincula nuevas acciones judiciales por el robo del avión de la firma venezolana, Emtrasur. Denuncia una presunta operación política dirigida por el expresidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich y aliados.

“La sala que tomó la decisión en Argentina es conocida como la sala ‘M’, en referencia a que la controla Mauricio Macri, lo que da cuenta de lo politizada de esta decisión”, afirmó Saab que convocó a conferencia de prensa para informar la ampliación de los pedidos de captura.

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Según detalló, el secuestro del avión fue posible gracias a la presión ejercida por Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y figura destacada de la política argentina, quien, según Saab, habría influido en los jueces para que fallaran en contra de Venezuela.

En consecuencia, la Fiscalía General de Venezuela solicitó nuevas órdenes de aprehensión y alerta roja internacional contra varios funcionarios de Argentina, en el marco de la investigación sobre la retención del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa.

En esta nueva ampliación, Saab informó que los fiscales asignados pidieron órdenes de captura contra figuras clave del sistema judicial y político argentino, a quienes acusó de estar involucrados en lo que denominó el “robo y secuestro” del avión venezolano.

Entre los nombres mencionados, destacan Gerardo Milman, diputado argentino, y varios jueces y fiscales de la nación sudamericana.

“Las solicitudes de aprehensión se basan en el robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”, declaró Saab durante su intervención.

Entre los señalados se encuentran Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora; Cecilia Patricia Incardona, fiscal federal; Carlos Vallefín, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Roberto Lemus Arias, juez de la misma cámara.

Además de estas figuras, Saab mencionó otros funcionarios involucrados, como Ricardo López, Yamil Santolo y María Eugenia Talérico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información del Gobierno de Mauricio Macri, a quienes también se les ha solicitado orden de captura.

Asimismo, fueron señalados el abogado Leonardo Camiser, el fiscal jefe Diego Iglesias y el consultor aeronáutico Franco Rinaldi.

Acusaciones cruzadas y contexto internacional

El avión de Emtrasur, un Boeing 747-3B3, fue retenido en Buenos Aires en junio de 2022, luego de que aterrizara transportando una carga de autopartes de la empresa alemana Volkswagen.

Sin embargo, tras intentar salir del país, la aeronave fue retenida bajo supuestas sospechas relacionadas con sanciones impuestas por Estados Unidos, debido a sus vínculos previos con la compañía iraní Mahan Air.

En febrero de 2024, la administración de Nicolás Maduro denunció que el avión fue desmantelado por Estados Unidos tras su traslado desde Argentina.

Saab calificó este hecho como parte de un plan que, según él, llevaba más de un año en desarrollo. «Lo ocurrido con este avión propiedad de la empresa venezolana Emtrasur fue resultado de un plan fraguado por más de veinte meses», sentenció.

Además de las órdenes emitidas contra los funcionarios argentinos, Saab recordó que previamente se habían solicitado órdenes de captura contra el presidente argentino, Javier Milei; su hermana y secretaria general, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes se acusa de haber facilitado la incautación del avión.

Las tensiones entre Venezuela y Argentina han escalado desde la retención del avión, con acusaciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países. Venezuela sostiene que la acción fue orquestada por el gobierno de Mauricio Macri y apoyada por la actual administración de Milei, con la colaboración de sectores internacionales, como la DAIA y la AMIA, para crear un relato de conspiración vinculado a Venezuela e Irán.