La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación sobre los hornos crematorios clandestinos descubiertos en Jalisco, un macabro hallazgo realizado por familiares de víctimas de desaparición que ha expuesto presuntas omisiones de autoridades locales.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el jueves pasado un escenario de violencia sistemática en el rancho La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, a 60 km de Guadalajara, donde encontraron restos óseos calcinados, prendas de vestir, cargadores de armas, más de 100 casquillos de bala y esposas de seguridad. Además, descubrieron un altar con veladoras dedicado a «La Santa Muerte», símbolo de culto usado por grupos criminales. Según estimaciones de las familias, al menos 200 personas habrían sido asesinadas y cremadas en hornos artesanales por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Le pedimos a la Fiscalía que atraiga el caso. Lo primero es investigar, porque las imágenes son dolorosas y hay que saber qué pasó ahí», declaró la mandataria en conferencia de prensa. La decisión de federalizar la investigación responde a las sospechas de negligencia: en septiembre de 2023, autoridades locales ya habían allanado el mismo rancho, liberando a decenas de secuestrados, pero sin reportar los hornos. «No es creíble que algo así no fuera conocido por las autoridades locales», cuestionó el fiscal general Alejandro Gertz, respaldado por Sheinbaum.

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Pablo Lemus, gobernador de Jalisco por el opositor Movimiento Ciudadano, reconoció el martes que pudo haber omisiones en las pesquisas iniciales. «Debe haber sanciones para cualquier funcionario que haya omitido su responsabilidad. Investigaremos si hubo negligencia», afirmó a un periódico local. Sus declaraciones llegan en un contexto donde colectivos exigen justicia: «No solo es el crimen organizado; es la complicidad del Estado lo que duele», señaló una integrante de Guerreros Buscadores durante el hallazgo.

El rancho La Estanzuela se suma a una lista de fosas y centros de exterminio descubiertos por familiares, ante la desconfianza en las instituciones. Según datos oficiales, México registra más de 111,000 desaparecidos, con Jalisco como uno de los estados más afectados. Para las víctimas, este caso refuerza la urgencia de un mecanismo nacional que priorice las búsquedas ciudadanas y castigue la colusión oficial.

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