La acusación se produce un día antes de que expire el plazo de detención preventiva del mandatario.

El expresidente depuesto de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue formalmente imputado este domingo por el delito de insurrección, luego de su controversial decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

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Tras una pesquisa de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO), la Fiscalía surcoreana alegó que el expresidente Yoon conspiró con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros funcionarios para instigar un levantamiento mediante la imposición de una ley marcial.

Consideró que la aplicación de esta medida resultó inconstitucional e ilegal, sin que existiera una situación de emergencia o excepcionalidad que lo justificara.

Según la acusación, el expresidente también desplegó tropas en el Parlamento con el objetivo de impedir que los legisladores anularan su decreto marcial. Además, se le imputa haber planeado el arresto de figuras políticas clave, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional y líderes de partidos opositores, así como a miembros de la Comisión Electoral Nacional.

La acusación se produce justo un día antes de que expire el plazo de detención preventiva del mandatario suspendido.

Esta acción legal marca un hito en la historia de Corea del Sur, pues Yoon se convierte en el primer presidente en ser acusado estando bajo arresto.

La Fiscalía ha enfatizado que tomó esta decisión luego de una revisión exhaustiva de las pruebas recopiladas en la investigación, incluyendo testimonios de implicados y material de la policía.

A pesar de la falta de interrogatorio directo al presidente Yoon por la Fiscalía, debido a la negativa de un tribunal de Seúl de prorrogar su detención en dos ocasiones, los fiscales aseguran tener pruebas suficientes para sostener la acusación de insurrección.

Durante su audiencia de juicio político en el Tribunal Constitucional, Yoon y su equipo legal han argumentado que su intención con la ley marcial fue la de advertir a la oposición que, según él, estaba paralizando los asuntos del Estado.

Sin embargo, la Fiscalía considera que los hechos demuestran una clara intención de alterar la Constitución mediante un levantamiento.

Implicaciones legales y políticas

La Constitución surcoreana otorga inmunidad a los presidentes en ejercicio, pero la misma no aplica en casos de insurrección o rebelión.

Si es declarado culpable de insurrección, el presidente Yoon podría enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde hace décadas.

De manera paralela al proceso penal, el Tribunal Constitucional está llevando a cabo un juicio político para determinar si ratifica o anula la destitución del mandatario aprobada por el Parlamento. Si se confirma su destitución, se deberán convocar elecciones anticipadas en un plazo de 60 días.

La Oficina Presidencial ha condenado la imputación, calificándola de ilegal y fraudulenta. El partido gobernante ha expresado su preocupación, mientras que el partido de oposición ha pedido al presidente que participe de forma plena en los procesos judiciales.

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