Tras una semana marcada por la denuncia de las irregularidades cometidas antes, durante y después del proceso electoral del 13 de abril, por parte de jefes de Estado, entidades internacionales y organizaciones políticas y sociales, desde la República del Ecuador trasciende este sábado un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, que condena la gestación de un supuesto magnicidio, ataques terroristas y calentamientos de calles mediante manifestaciones violentas.

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Bajo el título «La venganza de los malos perdedores», el texto hace referencia a los polémicos resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial y denuncia, sin la presentación de evidencias, una complicidad entre «estructuras criminales» y lo que denominan «sectores políticos derrotados en las urnas» para imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror.

Ante las acciones que busquen desestabilizar el Gobierno y vulnerar lo que consideran democracia y soberanía, las autoridades ecuatorianas indican que responderán con toda la fuerza y pondrán a prueba su determinación. «Con la fe en Dios y la fuerza del Estado, vamos a poner de rodillas a cada criminal», apunta el texto.

Luego de tener acceso al comunicado interno reservado de las Fuerzas Armadas divulgado en plataformas digitales, el expresidente de Ecuador y líder histórico del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, calificó de «ridículo» el informe que indica «traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo».

A propósito, Correa recomendó ver el filme «La dictadura perfecta», así como investigar sobre la estrategia de la «caja china», con la que se puede «intentar hacer olvidar un escándalo -el fraude del domingo pasado- creando otro ‘escándalo'», agregó.

La persecución política después del balotaje

Previo a este comunicado y como parte de la persecución política del Gobierno de Daniel Noboa, se filtró una alerta migratoria contra al menos 100 miembros o seguidores del movimiento progresista Revolución Ciudadana (RC), como parte de la, una medida que da continuidad a las decisiones arbitrarias implementadas por el Ejecutivo. En ese sentido, el aspirante a la vicepresidencia por RC, Diego Borja, denunció haber sido detenido junto a su familia cuando intentaban viajar a Colombia para pasar Semana Santa.

En medio de un «escenario autoritario», calificado así por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la organización emitió un contundente comunicado para denunciar las medidas del Gobierno de Noboa en materia de persecución política, restricciones a libertades fundamentales y la firma de acuerdos con actores privados como el mercenario Erik Prince.

Dicha declaración, respaldada por activistas y académicos globales, urge a organismos internacionales a intervenir para garantizar el retorno a la democracia plena. Asimismo, señala que Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 tras una elección marcada por la violencia del crimen organizado. Además, le reprochan haber decretado el estado de excepción 24 horas antes de los comicios del 13 de abril de 2025.

Los nuevos hallazgos de irregularidad

Desde la noche del domingo pasado, la candidata de RC a la segunda vuelta presidencial, Luisa González, ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas por Noboa a lo largo de la campaña con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ha acusado a las autoridades de un fraude generalizado para asegurar la reelección del ultraderechista.

En ese sentido, aseguró que se robaron más de un millón de votos y afirma que impugnará los resultados, a pesar de que las instituciones están bajo control del Ejecutivo. Asimismo, ha hecho énfasis en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión observó el registro de inconvenientes de tinta en las papeletas que generó confusión y anulación de votos.

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De acuerdo con González, las versiones de actas que fueron modificadas por CNE al subirlas al sistema, las miles actas sin firmas conjuntas de las autoridades de las Juntas Receptoras de Votos y los nuevos hallazgos sobre el proceso serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes, aunque estas se encuentren bajo el control de quien gobierna.

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