Organizaciones no gubernamentales y medios regionales reportan que los muertos ascienden a más de 1.300, en su mayoría civiles. Bajo la bandera de neutralizar a seguidores del anterior gobierno de Al-Assad, los terroristas de Hayat Tahrir al Sham han llevado a cabo ejecuciones sumarias, asesinatos múltiples y masacres a mujeres y niños.

El Gobierno de facto de Siria, liderado por el terrorista Ahmed Al Sharaa, anunció el fin de una operación militar de seguridad en las regiones de Latakia y Tartus, al oeste del país, pero los medios reportan que la ofensiva continúa y ha dejado aldeas enteras devastadas.

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Según informó la cadena panárabe Al Mayadeen, organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido que las autoridades sirias rindan cuentas por las masacres documentadas en la costa del país. 

La población civil siria también ha expresado su desesperación. “Pagamos un precio extremadamente alto en la costa siria y seguimos sufriendo sin saber siquiera las razones”. Asimismo, testimonios recogidos por organizaciones internacionales señalan que los perpetradores no solo han cometido crímenes, sino que también los han documentado en audio y video y los han compartido en redes sociales como X.

En ese sentido, otro ciudadano sirio denunció “estamos siendo víctimas de una limpieza étnica en la costa siria, y todo está siendo registrado”. La violencia de los últimos cuatro días ha forzado el desplazamiento de decenas de miles de personas, entre ellas al menos 10.000 alauitas que cruzaron la frontera hacia el Líbano en busca de refugio. 

Estas denuncias contrastan con las declaraciones del Ministerio de Defensa sirio de facto, cuyo portavoz, Hassan Abdelghani, afirmó que la situación en las provincias de Latakia y Tartus se había estabilizado luego de una operación de seguridad que, según él, logró repeler ataques de grupos armados y asegurar zonas pobladas.

“Anunciamos el fin de la operación militar iniciada anteriormente para alcanzar los objetivos planteados”, declaró Abdelghani, quien aseguró que las instituciones gubernamentales han retomado sus funciones. 

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y medios regionales reportan que los enfrentamientos han dejado más de 1.300 muertos, entre ellos mujeres y niños. Además, numerosos civiles han sido ejecutados a pena capital, mientras que las fuerzas de seguridad y militantes progubernamentales también han sufrido bajas significativas. 

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