El Gobierno mexicano estableció ese viernes dos decretos, que entrega la tierras a comunidades indígenas rarámuri​, en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua (norte).

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En este sentido, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, firmó el viernes el decreto histórico alegando que “regresamos las tierras a quienes les pertenecen (…), no puede haber avance si millones viven en la pobreza”.

En las comunidades indígenas de Guasachique, fueron entregadas 1.485 hectáreas y en Bosques de San Elías de Repechique otras 693 hectáreas, ambas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua (norte).

Entre tanto, la mandataria alegó que “no seríamos un país con la riqueza cultural, sino diéramos el reconocimiento a los pueblos originarios que han resistido por cientos de año”, mientras declaró que estas dos comunidades han padecido una historia de despojo.

De igual manera, la jefa de Estado subrayó “que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos, que no se les despoje de sus tierras, sino que se resarza lo que históricamente se les ha quitado”.

El decreto utiliza por primera vez esa definición constitucional, para restituir tierras a pueblos originarios, aseguró cuando la “propiedad comunal tradicional” se fundamenta en la reciente reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas originarios como sujetos de derechos.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo que “los pueblos originarios rarámuris fueron silenciados y despojados de sus tierras”.

La etnia Rarámuri, a la que se le conoce también como Tarahumara por la región en la que habitan, es un pueblo indígena de la Sierra Madre Occidental, presente los estados de Chihuahua, Sonora y Durango.

Entre tanto, organizaciones de derechos humanos e indígenas en la Sierra Tarahumara han denunciado que más de 300 rarámuri de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, en el municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fueron desplazados de manera forzada luego de que “un centenar de civiles armados los han amenazado y expulsado de sus casas” en el mes de septiembre.

Los desplazados llegaron a la población de Cinco Llagas, donde permanecen como refugiados en el domo de la escuela. “Estas personas, que huyen de la violencia que amenaza sus vidas, ahora enfrentan la falta de alimentos y de un lugar seguro en el cual resguardarse”, habían denunciado las organizaciones.

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