Gobierno de Milei autoriza uso de Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por esta reforma, advirtiendo que el presidente ahora tiene la facultad de militarizar la seguridad interior. Foto: La Jornada
20 de diciembre de 2024 Hora: 06:40
La medida también generó tensiones en el ámbito político.
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este jueves un decreto que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para actuar en defensa de la seguridad interior. El decreto establece la intervención militar ante posibles «ataques o destrucción de espacios de vital importancia para el Estado» y la defensa de “objetivos de valor estratégico” frente a amenazas de origen terrorista o criminal.
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La medida fue solicitada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de Defensa, Luis Pietri, quienes argumentaron la necesidad de actuar frente a amenazas tanto internas como externas, como fuerzas o grupos transnacionales.
El decreto habilita el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones de paz, guerra, conmoción interior o terrorismo internacional. Se contempla la intervención ante posibles ataques contra bienes o instalaciones de vital importancia para la seguridad nacional, cuyo daño podría afectar el bienestar de la población, la economía y el ambiente del país. La medida se aplica tanto a situaciones de agresión externa como a amenazas internas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por esta reforma, advirtiendo que el presidente ahora tiene la facultad de militarizar la seguridad interior. Según el CELS, esto permite que el gobierno intervenga en situaciones como movilizaciones sociales o protestas, y que la ministra Bullrich controle no solo las fuerzas de seguridad, sino también las Fuerzas Armadas.
La medida también generó tensiones en el ámbito político. Organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, criticaron la decisión y pidieron la restitución de más de 2,400 trabajadores del Ministerio de Justicia que perderán sus empleos a partir de enero, lo que afectaría gravemente la Secretaría de Derechos Humanos.
Autor: teleSUR - nbb - JGN
Fuente: La Jornada