La Ley contempla que el Gobierno tendría la potestad de multar a las empresas de redes sociales en caso de incumplimiento.

Tras los disturbios contra la Ley de Seguridad en Línea, llevados a cabo por la derecha, el ministro del Gabinete del Reino Unido, Nick Thomas Symonds declaró este viernes que el Gobierno británico realizará una revisión del marco de la normativa.

«Obviamente, hay aspectos de la Ley de Seguridad en Línea que aún no han entrado en vigor. Estamos dispuestos a introducir cambios si es necesario», declaró Symonds a la plataforma Sky News.

De igual modo, el alcalde de Londres (capital), Sadiq Khan, había declarado el jueves a The Guardian que esta normativa debía modificarse, tras observar la respuesta social que ha recibido por la derecha.

«Creo que lo que el Gobierno debería hacer rápidamente es comprobar si es adecuada para su propósito. Creo que no lo es», subrayó.

Los disturbios estallaron el martes pasado en Southport, luego de que Axel Rudakubana, nacido en Gales y de origen ruandés, atacara con un cuchillo a varias personas en un centro recreativo, dejando tres niñas muertas y varios heridos.

El malestar de la extrema derecha aumentó cuando, a través de las redes sociales, se divulgó la falsa noticia de que el autor del crimen era un solicitante de asilo que había cruzado en patera el Canal de la Mancha.

¿Qué propone esta nueva ley?

La norma, aprobada en octubre pasado y que entrará en vigor —en caso de no ser suspendida— en los inicios del año 2025, contempla que el Gobierno tendría la potestad de multar a las empresas de redes sociales en caso de incumplimiento de la ley.

A ello se le añade que la multa sería de un 10 por ciento de la facturación de las entidades corporativas de ese sector tecnológico.

Ello cambiará totalmente la realidad del ámbito cibernético de la nación, pues hasta ahora las empresas solo pagan multas en caso de que no vigilen contenidos ilegales o la incitación al odio.

Con la nueva ley, la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), ente encargado de la regulación de medios y contenidos digitales, podría aplicar sanciones a las empresas que den paso a la difusión de contenidos «legales pero perjudiciales», y en ese contexto entraría la desinformación.

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