Mientras Santo Domingo se recupera de la tragedia del club Jet Set, que dejó más de 200 muertos, el gobierno de la República Dominicana ha intensificado su política migratoria contra haitianos indocumentados, implementando medidas drásticas que han despertado preocupaciones humanitarias.

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Una de estas disposiciones exige que los extranjeros, mayoritariamente haitianos, presenten documentos en los hospitales para recibir atención médica. Aunque se les brinda asistencia en caso de emergencia, aquellos que no presenten la documentación requerida serán deportados posteriormente.

Esta política amenaza con disuadir a muchas personas, especialmente mujeres embarazadas, de buscar atención médica por miedo a ser deportadas, agravando la crisis humanitaria en la frontera.

Diariamente, cientos de migrantes deportados cruzan la frontera hacia Haití, describiendo las condiciones inhumanas que enfrentaron durante su detención.

En la ciudad fronteriza haitiana de Belladère, grupos de hasta 500 deportados llegan al amanecer, algunos descalzos y otros con ropa de trabajo, para recibir agua, alimentos y atención médica antes de decidir sus próximos pasos.

Desde que el presidente dominicano Luis Abinader ordenó, en octubre, la deportación de al menos 10,000 migrantes a la semana, el número de expulsiones ha alcanzado niveles alarmantes.

Más de un cuarto de millón de personas fueron deportadas en 2024, y solo en enero de este año la cifra superó los 31,200 casos. Este incremento ha sido acompañado por denuncias de abusos por parte de las autoridades dominicanas, incluyendo redadas en viviendas sin autorización, discriminación racial y la deportación de madres lactantes y menores no acompañados.

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Odelyn St. Fleur, un albañil haitiano que trabajó en República Dominicana durante dos décadas.

“Echaron mi puerta abajo a las 4 de la madrugada”, relató, explicando cómo fue arrestado mientras dormía junto a su esposa e hijo de siete años.

La política dominicana está agravando la crisis humanitaria en Haití, un país ya devastado por conflictos internos y pobreza extrema. Roudy Joseph, un activista en Belladère, denunció la falta de debido proceso en las detenciones y señaló que “todos los días, los niños quedan abandonados en las escuelas” como resultado de las deportaciones masivas.

Estas medidas han generado críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes advierten que las deportaciones y restricciones actuales están exacerbando la vulnerabilidad de miles de haitianos. Además, las redadas y expulsiones ponen en evidencia el trato discriminatorio hacia una población ya marginada.

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