El gobierno del presidente Yamandú Orsi suspendió por un plazo de 90 días el contrato de construcción de la planta potabilizadora Neptuno, un proyecto inconstitucional aprobado en los últimos días de la administración anterior de Luis Lacalle Pou.

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A través de una conferencia de prensa, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el contrato quedará congelado durante este plazo para permitir renegociar el contrato. “Esto quiere decir que las obras, los tiempos, todos los plazos que estaban establecidos en el contrato que firmó el gobierno saliente se congelan”, expresó.

El proyecto, valorado en casi 1000 millones de dólares para abastecer la zona metropolitana con aguas del balneario Arazatí (a 90 km de Montevideo), es rechazado por las organizaciones sociales desde su anuncio.

Entre los principales cuestionamientos está que la iniciativa privatiza el acceso al agua potable, es inconstitucional, tiene un fuerte impacto ambiental y ecológico, aumenta el riesgo de salinización, fue inconsulto, es particularmente costoso, y, además, todo el proceso careció de transparencia.

Uno de los ambientalistas en contra del proyecto, Facundo Resquivo, resaltó «es un paso, pero defendemos la anulación, no modificaciones. El Gobierno tiene legitimidad para cancelarlo». Decenas de colectivos respaldan esta postura en una carta pública, mientras preparan una demanda judicial por inconstitucionalidad.

El abogado Juan Ceretta señaló que el proyecto viola el artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004 mediante una iniciativa popular respaldada por casi dos tercios de la ciudadanía en plebiscito.

Ceretta aseguró que “esta disposición establece que el abastecimiento de agua potable debe ser gestionado exclusiva y directamente por el Estado. Sin embargo, la iniciativa actual permite la participación de una empresa privada en una de las etapas del proceso, lo que contraviene el mandato constitucional”.

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