Panamá realiza este martes una nueva protesta nacional contra medidas del Gobierno, mientras sindicatos anunciaron el comienzo de una huelga de 48 horas contra la Ley 462, sobre la Caja de Seguro Social (CSS), impuesta por las autoridades del país.

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La movilización de esta jornada tiene como propósito rechazar la ley sobre la Caja de Seguro Social, la reapertura de la mina mayor de Centroamérica con capital canadiense, que la justicia paralizó en 2023 y la construcción del embalse en la zona de río Indio, en la cuenca del Canal de Panamá.

En ese sentido, las movilizaciones rechazan el desplazamiento a otras comunidades de los pobladores en el territorio de río Indio (abarca las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Colón), sin el consenso de originarios y campesinos, donde el Gobierno panameño prevé construir un reservorio para favorecer las operaciones del Canal de Panamá.

Durante una conferencia de prensa, en representación del Frente de Acción Magisterial, Fernando Ábrego, señaló que en el marco de la movilización los días 3 y 4 de abril se dedicará al rechazo de la apropiación indebida de recursos de la entidad pública y su entrega a los bancos, la falta de medicamentos y la baja calidad de las prestaciones médicas, entre otros reclamos.

Asimismo, el líder sindical convocó a los familiares de los docentes a no enviar a los niños a las escuelas y ser parte de las movilizaciones estos dos días y sumarse a los talleres y seminarios que darán acerca de los daños que implica la iniciativa para las actuales y futuras generaciones de trabajadores.

Entre lo que describió pensiones de miseria, el aumento de la edad de jubilación y el establecimiento de cuentas individuales, contrario al de beneficio dirigido (solidario),  así como determinados puntos de la norma que atentan contra la calidad de vida de la clase obrera.

El Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) indicó que respaldará el paro de labores de los maestros; por su parte, el movimiento popular presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la sancionada Ley 462.

En tanto, las autoridades panameñas amenazaron con que los maestros que no cumplan con sus obligaciones laborales en las dos jornadas por asistir a la movilización, no percibirán salarios.

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