El Grupo de Puebla refirió que el proceso contra Cristina Fernández está lleno de irregularidades procesales, fiscales y jueces parcializados.

El Grupo de Puebla manifestó este miércoles su rechazo a la persecución política y mediática reactivada en las últimas semanas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación del fallo condenatorio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Vialidad.

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Al rechazo del lawfare contra la exmandataria argentina se suma una persecución al expresidente Alberto Fernández por la llamada “causa de los seguros”. En este sentido el Grupo lo ha nombrado como “un nuevo capítulo de lawfare contra el progresismo argentino”.

“La conducta prevaricadora del juez Julián Ercolini, cercano al ex presidente Macri, buscó preparar el escenario para proferir una anunciada sentencia condenatoria contra la expresidenta cuyo contenido ya es conocido por todos”, alegó la alianza.

Asimismo al sostener que “se trata de un nuevo capítulo de un vergonzoso proceso de guerra jurídica con fines políticos (lawfare)”, el Grupo de Puebla refirió que además el proceso contra Cristina Fernández está repleto de irregularidades procesales, fiscales y jueces parcializados, filtraciones mediáticas, ataques reputacionales contra ella y su familia y todo en medio de un desierto de garantías legales y constitucionales que llegó hasta el atentado contra su vida el 1° de septiembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

El Grupo de Puebla le habló además a los sectores y actores neofascistas argentinos que están detrás de esta siniestra estrategia y que forman parte de la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana en complicidad con reconocidos políticos extremistas europeos.

“Les notificamos que como lo hicimos en los procesos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador lo seguiremos haciendo en estos casos a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) y de nuestras colectividades políticas y centros de pensamiento”, insistieron.

Agregaron, que “pueden estar seguros de que no prosperará su peligroso intento de politizar la justicia latinoamericana para subordinarla a sus poderosos intereses económicos y mediáticos”.

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