Este hecho se suma a las denuncias del mandatario Nicolás Maduro sobre los planes de la oposición para introducir 1.000 paramilitares desde Colombia, con el fin de generar caos en vísperas de las elecciones del 28 de julio.

La frontera entre Colombia y Venezuela, históricamente un escenario de complejas dinámicas políticas y criminales, ha vuelto a ser foco de atención internacional. Esta vez, el detonante ha sido una serie de amenazas de magnicidio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, hechas públicas el 5 de julio de 2024 a través de las redes sociales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo paramilitar con profundas raíces en la región norte de Colombia.

Las ACSN, anteriormente conocidas como “Los Pachencas”, han puesto sobre la mesa una situación que va más allá de simples amenazas. En un giro inesperado, el grupo alega haber sido contactado por sectores de la extrema derecha venezolana para desestabilizar al Gobierno de Venezuela. Este hecho se suma a las denuncias del propio mandatario Nicolás Maduro sobre los planes de la oposición para introducir 1.000 paramilitares desde Colombia, con el fin de generar caos en vísperas de las elecciones del 28 de julio.

El desarrollo más reciente en esta situación llegó el 6 de julio de 2024, cuando las ACSN emitieron un nuevo comunicado. En este, el grupo paramilitar solicita un “diálogo directo” con las altas autoridades tanto de Colombia como de Venezuela. Su objetivo declarado es que estas autoridades “conozcan de primera mano la situación que se presentó con grupos del país vecino que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático”. Además, las ACSN ofrecen proporcionar información más detallada que pueda contribuir a la investigación de estos hechos.

La respuesta de los Gobiernos de Colombia y Venezuela a esta situación será crucial, ya que la comunidad internacional observa con atención cómo se va desarrollando el escenario electoral.

Antecedentes de operaciones terroristas en contra de Venezuela

El caso de la Finca Daktari en 2004 marca un precedente significativo en los intentos de desestabilización contra Venezuela. La detención de 153 paramilitares colombianos por la Dirección de Inteligencia Policial (Disip) venezolana reveló un plan de magnicidio contra el entonces presidente comandante Hugo Chávez. Este incidente, liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, tenía como objetivo restablecer el breve gobierno de Carmona Estanga, evidenciando la profundidad de las conexiones entre paramilitares colombianos y sectores políticos golpistas venezolanos.

El caso de la Banda Los Rastrojos y su asociación con Juan Guaidó en 2019 demuestra la continuidad de estas dinámicas. La aparición de fotografías de Guaidó con líderes de este grupo narcoparamilitar durante el concierto “Venezuela Live Aid” expuso las alianzas entre sectores de la oposición venezolana y grupos criminales colombianos. Los Rastrojos, conocidos por su participación en narcotráfico, extorsión, secuestro y trata de personas, fueron instrumentalizados por sectores reaccionarios contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El caso más reciente involucra a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), herederas del legado criminal de “Los Pachencas” en el macizo montañoso de Santa Marta. Fundadas por Jesús María Aguirre, alias “Chucho Mercancía”, las ACSN controlaban las rutas de cocaína desde Barranquilla hasta Riohacha. La muerte de Aguirre en 2019 desencadenó una guerra por el control del narcotráfico, resaltando la volatilidad de estas estructuras criminales.

La ubicación estratégica de la región ha facilitado operaciones criminales transnacionales, como la “Operación Gedeón”, un intento de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro que involucró a mercenarios entrenados en Colombia por fuerzas especiales estadounidenses. En esa oportunidad, según las declaraciones del embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en 2020, fueron “Los Pachencas” los involucrados como parte de “una compleja red de conexiones entre grupos paramilitares, servicios de inteligencia colombianos y operaciones militares estadounidenses”.

El papel de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, añade otra capa de complejidad a la situación. Su regreso a Colombia en febrero de 2024, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, y su designación como gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro, plantea interrogantes sobre el futuro de las negociaciones con grupos ilegales como las Autodefensas de la Sierra Nevada, que pidieron al propio Mancuso gestionar los diálogos de paz con el Gobierno progresista. Mancuso, conocido por su participación en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, ahora tiene la tarea de contribuir al desarme de grupos ilegales en Colombia.

La política de Paz Total ha tenido el efecto inesperado de incentivar a los grupos armados de la región a incrementar sus apuestas “políticas”. Buscan ser reconocidos como actores políticos legítimos, a pesar de que organizaciones de derechos humanos señalan que muchos de estos grupos están conformados por exmilitares que simplemente cambian de bando según las circunstancias.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo ofrece una perspectiva crítica sobre esta situación. Según él, aunque estos grupos como las ACSN reclaman objetivos políticos de cambio social, lo que realmente se observa es un afán por mantener una economía fundamentada en el narcotráfico. Las guerras en las periferias -argumenta Giraldo- no buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, sino mantener y disputar las rutas del narcotráfico.

En este contexto, la reciente denuncia pública de las ACSN, distanciándose de los planes desestabilizadores en Venezuela, puede interpretarse como un intento de ganar legitimidad frente al Gobierno colombiano. Al declarar que no se prestarán para interferir en la política exterior colombiana, las ACSN parecen buscar un espacio en la mesa de negociaciones de la Paz Total.

Sin embargo, la verdadera naturaleza y motivaciones de estos grupos siguen siendo objeto de debate. ¿Son actores políticos legítimos o simplemente organizaciones criminales buscando una vía de escape legal? La respuesta a esta pregunta tendrá profundas implicaciones para la seguridad regional y la estabilidad política colombiana.

Las recientes amenazas contra el presidente Nicolás Maduro, candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en las próximas elecciones presidenciales 28-J, son solo la punta del iceberg de un problema profundamente arraigado en la región fronteriza.

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