Tras las elecciones presidenciales del 28J, Venezuela se sumió en una ola de violencia que dejó 25 muertos y 192 heridos. La Fiscalía apunta a grupos vinculados a la extrema derecha como responsables de los asesinatos. 

Los comanditos, descritos por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como «grupos delincuenciales instrumentalizados» por las fuerzas de oposición extrema venezolana liderados por María Corina Machado, fueron los principales responsables de los disturbios y asesinatos ocurridos en los días posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Según Saab, estas agrupaciones clandestinas fueron creadas con el objetivo de ejecutar actos de violencia y desestabilización y aunque su existencia ha sido denunciada por el gobierno, su verdadera naturaleza y alcance siguen siendo objeto de investigación. 

El accionar de estas células fue coordinado, a criterio de la Fiscalía, con la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) que desconoció los resultados oficiales, que daban como ganador a Nicolás Maduro, y presentaron resultados paralelos proclamando al margen de toda institucionalidad a Edmundo González Urrutia como vencedor.

Esta actitud encendió las calles y desencadenó una serie de protestas que rápidamente se tornaron violentas. Situación que fue catalizada, a criterio de la parte acusatoria, por “los comanditos”.

La violencia alcanzó a 60 veedores internacionales que se encontraban en una carpa del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual fue tiroteada desde la calle. 

Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturaron a 20 sujetos en las adyacencias del Poder Electoral. Igualmente se frustró un ataque al Palacio de Miraflores, sede del poder Ejecutivo ubicada en Caracas, la capital del país.

Las víctimas de la violencia

En las horas siguientes a la declaración de Machado, grupos de manifestantes tomaron las calles de Caracas y otras ciudades del país.

La situación escaló rápidamente cuando, a partir de las 17:00 horas del 29 de julio, comenzaron a aparecer en las vías públicas grupos de encapuchados. Estos grupos iniciaron actos de vandalismo, quemando afiches de Maduro, volteando contenedores de basura y bloqueando las calles con troncos y neumáticos.

A medida que caía la noche, las redes sociales se inundaron de videos que mostraban la violencia en aumento. 

Los propios ejecutores de estos actos narraban sus acciones, mientras amenazaban con «ir por ellos», refiriéndose al gobierno. 

La violencia dejó un saldo trágico: 25 personas muertas y cientos de heridos. Los asesinatos fueron brutales, con víctimas que recibieron disparos en la cabeza, apuñalamientos y ejecuciones a sangre fría.

Disparos por la espalda

La noche del 29 de julio Anthony Enrique García Cañizales, de 20 años, salió de su hogar en San Antonio, El Valle, en Caracas, con la intención de dirigirse al Hospital Materno Infantil. En medio de las barricadas y el caos que se vivía en la ciudad, recibió un disparo en la espalda, lo que provocó su muerte en el Hospital Periférico de Coche. Anthony, un estudiante de Administración y mototaxista.

Otro trágico caso es el de Olinger Johan Montaño López, de 24 años, quien fue asesinado en el barrio El Tamarindo, también en El Valle. Olinger, al igual que Anthony, recibió un disparo por la espalda mientras intentaba desplazarse en medio de la confusión y el miedo que reinaban en las calles. 

Esa misma noche Edgar Alexander Aristigueta Orta (42) y Jeison Gabriel España Guillen (18) fueron tiroteados. El primero en la nuca; el segundo en el pecho.

Y en las primeras horas del martes 30 de julio, a la morgue de Bello Monte fueron ingresados aproximadamente siete cadáveres, provenientes de zonas vandalizadas por encapuchados.

Estos asesinatos, lejos de ser meros incidentes de violencia callejera, podrían formar parte de una estrategia más amplia para sembrar el pánico en la sociedad venezolana. Mientras las autoridades continúan investigando estos crímenes, el dolor y la indignación crecen entre las familias de las víctimas, que claman por justicia. 

Víctimas en las Fuerzas de Seguridad

Quienes intentaban contener la situación y proteger a la ciudadanía también sufrieron la consecuencia de la oleada de protestas violentas.

El Sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanca, de 26 años, murió en la noche del 29 de julio mientras intentaba controlar a grupos violentos que atacaban la Brigada de Paracaidistas en Maracay, estado Aragua. 

Según las autoridades, Torrents recibió un disparo en el cuello, que le causó la muerte instantáneamente. 

El fiscal general, Tarek William Saab informó que el autor material de este crimen fue identificado a través de un video y detenido poco después.

Otro miembro de la GNB, identificado como el Sargento Jormen Martínez, también perdió la vida durante estos disturbios. Martínez fue arrollado el 30 de julio en Porlamar, estado Nueva Esparta, mientras realizaba labores de patrullaje. 

El fiscal general detalló que el responsable, Carlos Alexander Carreño, estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el acto de manera premeditada, impulsado por motivos de intolerancia y odio. 

Además, en el intento de asalto a la Brigada de Paracaidistas en Maracay, otras cuatro personas, incluyendo personal civil, también resultaron muertas en los enfrentamientos. Jesús Ramón Medina Perdomo, empleado público del sector salud, fue una de las víctimas fatales. Medina recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el establecimiento militar, perdiendo la vida de inmediato.

La reacción internacional y el papel de los medios

En paralelo y coincidentemente con la narrativa opositora, medios de comunicación internacionales silenciaron lo violento de las protestas y denunciaron los operativos de restablecimiento del orden como actos de represión estatal, a las cuales señalan, sin ningún tipo de prueba o denuncia fehaciente, como autores materiales de conflictos, que en algunos casos ni siquiera presenciaron.

Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla informativo, con la utilización de fake news y videos de encapuchados armados amenazando con eliminar a los chavistas y asesinar al presidente Nicolás Maduro. La información, muchas veces sin verificar, se viralizó rápidamente, generando un clima de incertidumbre y desconfianza.

De momento, el responsable del Ministerio Público adelantó que las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía cuentan con elementos suficientes para atribuir a los llamados “comanditos”, estructuras creadas y promovidas por Machado y González Urrutia, graves delitos cometidos en la jornada postelectoral, como por ejemplo el asesinato de al menos 20 personas.

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