El juez dictó esta resolución en el caso conocido como Los Waykis (amigos) en la sombra.

La Policía de Perú no ha conseguido localizar hasta ahora a Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la presidenta designada Dina Boluarte, y quien está bajo una orden de arresto preventivo de 36 meses, comunicó el primer ministro Gustavo Adrianzén este miércoles.

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El jefe de gabinete afirmó que, tras la emisión de la orden judicial, la Policía se movilizó para localizar a Nicanor Boluarte, junto con otros tres individuos que también fueron puestos en prisión preventiva, «y ninguno de ellos ha sido hallado en su hogar».

«Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte», subrayó el funcionario en una conferencia de prensa brindada después de la reunión semanal del Consejo de ministros. 

Este martes, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ordenó 36 meses de detención preventiva para el hermano de la presidenta designada, acusado de liderar una red delictiva con el objetivo de «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal».

El juez dictó esta resolución en el caso conocido como ‘Los Waykis (amigos) en la sombra’, que se investiga por la supuesta comisión de crímenes de organización delictiva, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. 

Al sustentar su veredicto, el magistrado sostuvo que Boluarte, quien no estuvo en el salón de audiencias, tendría sencillez para abandonar el país, gracias a su papel de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga vínculos laborales y domiciliarios, como sostuvo la defensa.

En relación a esto, Adrianzén expresó que este caso le genera una preocupación considerable, ya que Boluarte no forma parte del Ejecutivo y no debería estar relacionado con el Gobierno, dado que está dentro del Poder Judicial. 

No obstante, cuestionó «el bajísimo estándar de libertad» que, según afirmó, se encuentra en Perú y subrayó que «la privación de la libertad debe ser la última razón, debe ser el extremo último», especialmente cuando se encuentran todavía en una fase de investigación.

En ese contexto, el primer ministro expresó que tiene la obligación de denunciar una vez más la «judicialización de la política», ya que, según su criterio, existe «una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso». 

«La presidenta Dina Boluarte no ha tenido absolutamente nada que ver en este caso», añadió antes de decir que la gobernante «está firme en el puesto; su liderazgo es indubitable». 

En este estudio también se ha incluido a Mateo Castañeda, antiguo letrado de la mandataria, y a otros individuos por su presunta participación en la elección de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en diversas regiones de Perú.

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