Ocho organizaciones indígenas y campesinas peruanas denunciaron este lunes su exclusión de la Comisión Multisectorial encargada de diseñar los Censos Nacionales 2025, proceso que definirá el registro oficial de la población indígena y afrodescendiente del país.

Mediante una carta abierta dirigida al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y al Ministerio de Cultura, exigen participación directa en la revisión de la cédula censal y la pregunta de autoidentificación étnica, advirtiendo que su marginación viola el Convenio 169 de la OIT.

Según señalan en la carta, la comisión se instaló el 13 de marzo sin incluir a representantes indígenas, pese a que el censo —previsto para agosto de 2025— requiere ajustes metodológicos para reflejar con precisión la diversidad étnica en zonas rurales.

«Sin nuestra participación, no hay garantías de que el censo capture la realidad indígena», declaró Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP).

Las organizaciones sostienen que el censo es vital para diseñar políticas públicas, asignar presupuestos y reconocer derechos colectivos. «Si excluyeran a los empresarios de decisiones sobre inversiones, protestarían. Nosotros no aceptamos ser ignorados en un proceso que nos define», señalan en la misiva.

El conflicto se agudizó cuando el sector empresarial impulsó que el término mestizo figurara como opción inicial en la pregunta étnica, junto a pueblos originarios. Según las organizaciones, esto busca «minimizar la visibilidad estadística de los indígenas». El INEI había propuesto inicialmente listar solo a pueblos indígenas y afrodescendientes, con otras identidades (mestizo, blanco) en un subrubro, para evitar confusiones.

«Hay temor a que un censo preciso revele el verdadero número de indígenas en Perú«, afirmó un portavoz de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP). En 2024, solo 2 de 8 organizaciones indígenas reconocidas por el Estado fueron admitidas en el Comité Técnico de Estadísticas de Etnicidad (CITEE), y tres más ingresaron como «invitadas» sin derecho a voto.

Las críticas también apuntan al adelanto no consensuado del censo —originalmente programado para 2027—, justificado por «cambios postpandemia». Las comunidades indígenas fueron informadas tardíamente y se les negó acceso a reuniones clave. «El Estado ignora que sin datos precisos, nuestras demandas de salud, educación y tierras quedan en el aire», señalan las organizaciones

Ante la negativa de inclusión, las organizaciones anunciaron acciones legales nacionales e internacionales. «Perú debe decidir si reconoce su diversidad como riqueza o sigue negándola», concluyó la carta, firmada por ONAMIAP, AIDESEP, la Confederación Campesina del Perú (CCP) y otras cinco entidades.

Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas en decisiones que los afecten. La exclusión del censo —herramienta clave para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible— podría generar observaciones de organismos como la ONU y la CIDH.

Hasta ahora, ni el INEI ni el Ministerio de Cultura han respondido públicamente a las demandas. Mientras, las organizaciones preparan movilizaciones para abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

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