La Fiscalía solicita 34 años de prisión, inhabilitación de tres años y seis meses y una reparación civil de aproximadamente 17 millones de dólares, para quien es considerado como un preso político contra el cual se ha llevado a cabo un juicio parcializado e ilegal.

Este martes en Lima, Perú, inició un juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, quien está acusado de presunto golpe de Estado, pese a haber sido un presidente electo por voto popular, boicoteado desde el inicio y que ha sido perseguido por el Gobierno golpista que preside Dina Boluarte. El líder está acusado además por delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

LEA TAMBIÉN:
Gobierno peruano iniciará proyecto minero pese a protestas de pobladores

El abogado de Castillo, Walter Ayala, denunció que desde que Dina Boluarte es presidenta en diciembre del 2024, a Castillo se le ha dado un juicio injusto, así como se le han privado de derechos judiciales básicos como el derecho a ver a su abogado defensor.

Su abogado afirmó que los delitos por los que se le imputan a Castillo no proceden debido a que el defendido no se alzó en armas, elemento fundamental para declarar un delito de rebelión, según Ayala. A estas irregularidades se suman las campañas de desinformación promovidas por el Gobierno verdaderamente golpista de Boluarte.

Desde su aprisionamiento en 2022 y hasta hoy, que inicia el juicio oral, fueron admitidas 65 pruebas documentales, y la declaración de 69 testigos, así como pericias forenses contra Pedro Castillo.

En estos delitos se acusan de coautores del delito de rebelión a funcionarios estatales, como Aníbal Torres y Betsi Chávez, a los cuales se les pide 25 años de cárcel. Asimismo, se han acusado a miembros del cuerpo de la Policía Nacional.

Son denuncias que compartió Anahi Durand, quien fungió como Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Pedro Castillo, en entrevista con el corresponsal de teleSUR, Ramiro Angulo. Durand señaló que Pedro Castillo no ha tenido el derecho de declarar ni de hacer un alegato de defensa por el «crimen» de haber molestado a las élites del país, a las que no pretendía continuar robando y manejando el dinero nacional.

En cuanto a los cargos que se le imputan, la exministra coincidió con el abogado de Castillo: “El delito de rebelión no configura en este caso, el juez está forzando el juicio para darle 35 años de cárcel y dar un mensaje a Perú”, dijo Durand.

Igualmente, la exministra afirmó que desde el inicio del gobierno de Castillo ha sido perseguido de manera política, incluso el General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el inicio de su mandato, negó completamente reconocer a Pedro Castillo como su presidente.

Asimismo, afirmó que los mensajes de presidentes como Xiomara Castro y Andrés Manuel López Obrador han sido de mucha utilidad y pidió a la comunidad latinoamericana que siga alzando su voz contra la prisión injusta que sufre el expresidente.

El 7 de diciembre del 2022, luego de una serie de despidos y cambios de ministros, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el cierre del congreso y la creación de un gobierno de emergencia. Esto fue considerado como un golpe de estado por los órganos judiciales peruanos y Castillo fue arrestado de manera ilegal.

Cuando Boluarte asume el poder, el pueblo se levantó en defensa de Pedro Castillo, y murieron 47 personas en enfrentamiento con las fuerzas del orden. Castillo negó las denuncias de la justicia peruana.

EN ESTA NOTA: