El Gobierno israelí continúa implementando políticas y acciones que afectan gravemente al pueblo palestino en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza. Algunas de esas medidas incluyen el cierre de instituciones educativas y de salud gestionadas por organizaciones internacionales como la UNRWA, así como restricciones al movimiento y acceso a recursos básicos.

Las autoridades israelíes ordenaron este miércoles el cierre de una escuela primaria gestionada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el barrio de Wadi al-Joz, en Jerusalén Este.

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Según medios de prensa, las fuerzas sionistas de Israel ingresaron al centro educativo, evacuaron a los estudiantes y obligaron al personal a abandonar las instalaciones. Este incidente se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno israelí para limitar las operaciones de la UNRWA en los territorios ocupados con el fin de perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino.

Dichas acciones están vinculadas con la orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de aplicar «de inmediato» las dos leyes aprobadas por la Knesset (Parlamento israelí) el 28 de octubre de 2024.

Estas normativas prohíben las actividades de la UNRWA en Israel y en los territorios ocupados, así como cualquier contacto con la agencia. Como consecuencia, más de cincuenta trabajadores internacionales de la UNRWA no han podido renovar sus visados, lo que ha dificultado aún más su labor humanitaria.

La UNRWA, que proporciona servicios esenciales como educación, salud y asistencia social a aproximadamente seis millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Líbano, Siria y Jordania, ha reiterado su compromiso de continuar operando en los territorios palestinos ocupados, a pesar de las restricciones impuestas por Israel.

Sin embargo, sus empleados no pueden comunicarse directamente con las autoridades israelíes para denunciar o resolver escenarios como el ocurrido el pasado miércoles 12 de febrero cuando fuerzas sionistas israelíes utilizaron el centro de salud del campamento de Al-Arroub, al norte de Hebrón, como lugar para interrogatorios y detenciones de ciudadanos palestinos.

El cierre de la escuela en Jerusalén Este ha generado preocupación entre organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto que estas medidas tendrán en la población refugiada, especialmente en los niños que dependen de los servicios educativos de la UNRWA.

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