Alrededor de 300.000 israelíes rechazaron este sábado en Tel Aviv y otras ciudades el proyecto de reforma judicial que promueve el primer ministro Benjamin Netanyahu, al que consideran una amenaza para la democracia.

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De acuerdo con medios de prensa, hubo movilizaciones además en Jerusalén, Haifa, Netanya, Herzliya o Kfar Saba.

Los manifestantes, que salieron a la calle por novena semana consecutiva, expresaron su descontento con una normativa que, a su juicio, limitaría los poderes de la Corte Suprema, daría control al Gobierno de la selección de jueces y debilitaría la separación de poderes.

De acuerdo con imágenes difundidas a través de redes sociales, los manifestantes enarbolaron banderas israelíes, coreaban “¡Democracia!, ¡Democracia!”, y portaban pancartas contra Netanyahu y su propuesta.

Grupos de ciudadanos intentaron bloquear la principal autopista de Tel Aviv, tras lo cual fueron dispersados por agentes policiales montados a caballo y con el uso de cañones de agua. Se reportan al menos cuatro detenidos, acusados de cometer desorden público.

La víspera, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ordenó a la Policía impedir cortes de tráfico. Este sábado, en una reiteración de su postura, Ben-Gvir declaró desde el centro de mando de dicha fuerza: “He venido aquí a aplicar mi política. No tengo intención de disculparme con nadie y menos con los anarquistas que quieren incendiar Tel Aviv”.

El miércoles pasado, la Policía utilizó cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas de estruendo contra los participantes en otra protesta, quienes bloquearon calles y vías de comunicación de la capital israelí.

La reforma judicial que impulsa Netanyahu también es rechazada por líderes de la oposición como Yair Lapid y Benny Gantz, quienes han participado en varias de estas movilizaciones.

A mediados de febrero y a través de un mensaje en cadena nacional, el presidente israelí, Isaac Herzog, solicitó a Netanyahu retrasar la presentación de la reforma. El mandatario valoró que impulsar dicha iniciativa sin contar con consenso nacional a su favor colocaría al país al borde de una confrontación, incluso violenta. Pese a estos cuestionamientos, el premier ha manifestado su intención de continuar adelante con la reforma.

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