La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a 28 exintegrantes del Ejército Nacional por su participación en 604 ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en la región del Caribe, durante los años 2002 y 2008.

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Los crímenes, documentados en el marco del Caso 03 sobre falsos positivos, revelan un patrón sistemático en el que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate para inflar resultados operacionales. 

Según la investigación, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, los hechos ocurrieron bajo dos modalidades: en la primera, víctimas, entre ellas campesinos, indígenas, personas con discapacidad y desmovilizados de grupos armados, fueron señaladas falsamente como insurgentes.

Mientras, en la segunda, civiles reclutados por militares engañaron a personas vulnerables, como habitantes de calle, vendedores ambulantes y jóvenes desempleados, con promesas de trabajo, para luego asesinarlas en zonas apartadas. 

La JEP determinó que estos crímenes respondían a un sistema tripartito que combinaba presiones por resultados, incentivos económicos y encubrimiento institucional. Durante el mando del entonces mayor Julio César Parga Rivas, se destinaron al menos 91 millones de pesos de gastos reservados para financiar la maquinaria criminal, incluyendo pagos a reclutadores y compra de armas.

Entre las víctimas identificadas figuran 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

En el marco de este proceso judicial, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, entre ellos se encuentra el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que los resultados de las investigaciones fueron posible gracias a un riguroso proceso judicial en el que más de 246 personas comparecieron en 311 sesiones con el fin de reconstruir estos crímenes.

A través de la red social X, el organismo resaltó que “a la fecha, 1.276 antiguos militares involucrados en los crímenes, pero que no fueron seleccionados como máximos responsables, han sido enviados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ). En 79 casos, se ha decidido renunciar a la persecución penal”.

Asimismo, concluyó que el 76% de las bajas en combate analizadas, reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas.

Entre los imputados se encuentran los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006. Así como los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009.

La Sala de Reconocimiento determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal.

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