El juez federal James Boasberg calificó como «lamentablemente insuficiente» la última respuesta de la administración Trump sobre los vuelos de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador.

El magistrado, quien había ordenado previamente la suspensión temporal de estas deportaciones, exigió al gobierno que explique por qué no cumplió con su orden judicial de devolver los aviones que ya estaban en el aire.

El caso, que ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la independencia judicial, se remonta a la decisión de la administración Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para deportar a cientos de migrantes venezolanos.

La deportación del pasado fin de semana tuvo por destino el Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT), cárcel insignia de la violenta estrategia anticrimen de El Salvador. Se trata de una megaprisión donde no se permiten visitas, salidas al exterior ni educación. Organismos de DD.HH denuncian que al menos 261 personas murieron en cárceles salvadoreñas en los últimos años y denuncian múltiples casos de abuso, tortura y falta de atención médica.

Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, había bloqueado temporalmente estas deportaciones, argumentando que el gobierno no había justificado adecuadamente el uso de esta ley.

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Sin embargo, los vuelos continuaron, lo que llevó al juez a exigir una explicación detallada de las acciones del gobierno. En una orden escrita, Boasberg criticó la respuesta de la administración, señalando que esta se limitó a repetir «la misma información general sobre los vuelos» sin proporcionar los detalles específicos que había solicitado.

El juez advirtió que podría considerar declarar en desacato a los funcionarios responsables de no recibir una justificación adecuada.

La administración Trump, por su parte, ha defendido su posición, argumentando que la solicitud del juez representa una «pesca judicial innecesaria» y que divulgar información detallada sobre los vuelos podría comprometer la seguridad nacional.

Un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que el gobierno «sigue creyendo que el cuestionamiento superfluo por parte del tribunal de información sensible de seguridad nacional es una extralimitación judicial inapropiada».

Este enfrentamiento ha exacerbado las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, con el presidente Trump y sus aliados acusando a Boasberg de sobrepasar sus atribuciones. Incluso se ha llegado a pedir la destitución del juez, una medida que ha sido rechazada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que «el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».

James Boasberg, un juez con una larga trayectoria en el sistema judicial estadounidense, fue nominado a su cargo por el expresidente Barack Obama y confirmado por el Senado con apoyo bipartidista. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por su imparcialidad y su compromiso con el Estado de derecho.

Boasberg otorgó al gobierno de Trump un plazo de una semana para presentar una declaración jurada que explique su posición sobre el privilegio de secretos de estado y si planea invocarlo para evitar la divulgación de información adicional. La audiencia en el tribunal de apelaciones podría definir el futuro de este caso y sentar un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia de deportaciones.

Mientras tanto, los migrantes venezolanos deportados a El Salvador permanecen en un limbo legal, cumpliendo una condena sin el debido proceso. Muchos de los familiares de los secuestrados y transferidos al CECOT señalan que están condenados por «tener tatuajes y ser venezolanos».

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