En Estados Unidos, un juez federal suspendió temporalmente la orden del presidente Donald Trump, que buscaba de impedir que miles de empleados gubernamentales puedan afiliarse a sindicatos y negociar sus condiciones de trabajo de manera colectiva.

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Durante los finales del mes de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que le concede el poder de finalizar la negociación colectiva en agencias vistas como fundamentales para supuestas «misiones de seguridad nacional»; el decreto no incluye a las fuerzas policiales, ni a los bomberos.

Esta disposición es aplicable a los sectores de Justicia, Estado, Defensa, Asuntos de los Veteranos, Salud y Servicios Humanos, entre otros.

Según documentos gubernamentales referenciados por la agencia Reuters, el decreto afecta a casi tres cuartas partes del millón de empleados federales representados por sindicatos.

Actualmente, Paul Friedman, juez federal de distrito en Washington, DC, bloqueó la ejecución del decreto presidencial, a la espera de los hallazgos de una demanda presentada por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU, por sus siglas en inglés), que agrupa a aproximadamente 160.000 empleados federales.

Por otra parte, el sindicato argumenta que el decreto de Trump infringe los derechos laborales de los empleados federales, además de la Constitución misma de Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters, Friedman, nombrado por Bill Clinton, expresó que en los días venideros expresará una opinión para aclarar las razones de su elección.

El veredicto ocurre un día después de que la jueza de distrito de Washington, Colleen Kollar-Kotelly, otorgó la razón a los grupos de defensa del derecho al voto y de los demócratas, al sostener que la Constitución concede al Congreso y a los estados la autoridad para regular las elecciones federales, no al presidente.

Donald Trump emitió el 25 de marzo una orden ejecutiva para alterar el método en que se realizan los comicios a nivel federal, sosteniendo que las modificaciones restaurarían la confianza de los votantes.

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