Juicio a Uribe: exasesor declara sobre la maquinaria de manipulación de testigos
El exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Álvaro Uribe Vélez, Fabián Rojas Puertas, declara como testigo clave sobre las presuntas gestiones ilegales realizadas por la UTL para manipular testigos y pruebas en procesos judiciales.
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez comenzó este año luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema al exmandatario.
20 de marzo de 2025 Hora: 12:57
El juicio contra el expresidente de ultraderecha colombiano Álvaro Uribe Vélez, uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la historia reciente del país, entró este jueves en un nuevo capítulo con la declaración de Fabián Rojas Puertas, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente cuando este hacía de senador.
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Rojas, quien fue citado como el testigo número 17 de la Fiscalía y es considerado por la prensa local como una pieza clave en la investigación por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal que se le imputan a Uribe.
Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la UTL habría sido utilizada por Uribe para realizar actividades ajenas a sus funciones en el Congreso, específicamente en la recolección de pruebas y manipulación de testigos en procesos judiciales que lo involucraban.
Fabián Rojas, quien formó parte de esta unidad durante el periodo en que Uribe fue senador, habría jugado un papel protagónico en estas gestiones, según las investigaciones.
Su testimonio llega luego de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso asegurase el pasado lunes que la política de seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe funcionó porque los paramilitares la apoyaron. «La política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella», expresó Mancuso en una declaración durante el juicio.
El rol de la UTL y las acusaciones de manipulación de testigos
La Fiscalía sostiene que miembros de la UTL, bajo la dirección de Uribe, habrían coordinado esfuerzos para obtener declaraciones favorables de presos en cárceles como La Picota y Cómbita. Estas gestiones incluirían la recolección de cartas de paramilitares que retractaban acusaciones previas contra el expresidente.
Según los investigadores, estas actividades excedían las funciones legales de la UTL y constituirían un intento de obstrucción a la justicia.
En su declaración, Rojas detalló cómo se coordinaron reuniones con el entonces director de la cárcel La Picota, Rodrigo Ricaurte, y la abogada Ángela López, quien representaba a paramilitares. Estas reuniones habrían sido el punto de partida para obtener las declaraciones de tres presos de Cómbita, cuyas cartas fueron posteriormente presentadas ante la Corte Suprema como pruebas a favor de Uribe.
Diego Cadena: El abogado en el centro de la polémica
Otro nombre clave en este proceso es el del abogado Diego Cadena, quien también enfrenta cargos por los mismos delitos que Uribe. Cadena habría sido el encargado de visitar las cárceles y contactar a los presos para obtener las declaraciones.
Según la Fiscalía, Uribe habría estado al tanto de estas gestiones, lo que contradice las declaraciones del expresidente y su defensa, que insisten en que nunca hubo intención de sobornar o manipular testigos.
Rojas, en su testimonio, confirmó que Cadena actuó bajo instrucciones de la UTL y que Uribe estaba al tanto de los avances en la recolección de pruebas. Sin embargo, la defensa de Uribe ha desestimado estas acusaciones, argumentando que Rojas no ha implicado directamente al expresidente en ninguna actuación indebida.
Las cartas de Cómbita y las dudas sobre su autenticidad
Uno de los aspectos más controvertidos del caso son las cartas presentadas por la defensa de Uribe, supuestamente firmadas por los presos de Cómbita. Rojas expresó dudas sobre la autenticidad de estas cartas, señalando que dos de ellas tenían la misma letra. Según su testimonio, Uribe fue informado de estas irregularidades, pero las cartas fueron presentadas de todos modos.
La Fiscalía ha señalado que estas cartas forman parte de una estrategia para manipular el proceso judicial y desacreditar las acusaciones contra Uribe, que incluyen presuntos vínculos con grupos paramilitares. La defensa del expresidente, por su parte, insiste en que las cartas son legítimas y que buscan demostrar que el senador Iván Cepeda, principal acusador de Uribe, habría manipulado testigos para perjudicarlo.
El juicio contra Álvaro Uribe no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. Uribe, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas, ha mantenido un papel activo en la vida pública e incluso, en las últimas semanas, expresó su intención de candidatearse a vicepresidente por su partido, el Centro Democrático, de cara a las Elecciones Generales previstas para el próximo 8 de marzo de 2026.
En tanto, el proceso corre a contrarreloj, pues prescribe en octubre de 2025, después de lo cual las denuncias en su contra por esta causa serán totalmente desestimadas por la Justicia colombiana.
Autor: teleSUR - NH
Fuente: Agencias - El Espectador - El Tiempo
