Hasta el momento hay 16 militares implicados en la detención y posterior desaparición de cuatro menores de edad contra los cuales se presentarán acusaciones.

La justicia ecuatoriana declaró como “desaparición forzada” la cometida contra los cuatro menores detenidos ilegalmente el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, así como responsabilizó al Estado del caso, ya que el recurso de habeas corpus presentado por la familia de los desparecidos fue aceptada por la jueza Tanya Loor durante una audiencia que duró más de 7 horas.

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Tanya Loor aseguró: “se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños”.

Huelga señalar que en horas de la madrugada la policía encontró tres cuerpos cerca de la Base Aérea de Taura, Guayaquil. Los cadáveres fueron examinados por equipos de la fiscalía y el servicio criminalista.

A propósito, la agencia de prensa AP aseguró que una “fuente policial no autorizada a ser identificada” confirmó que se han hallado más cuerpos en una zona de mangle cercana a la base aérea de Taura. Pese a ello no se ha revelado el número de cuerpos hallados ni si se trata de los menores desaparecidos.

Los cadáveres descubiertos en los manglares se encontraban calcinados y con signos de violencia, aseguró la fuente de AP.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ordenó poner bajo custodia al grupo de uniformados “investigados por la justicia” por el caso de la desaparición de los cuatro jóvenes, según un comunicado difundido en X.

«La custodia estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga», indicó la entidad en un comunicado.

Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta, como consta en un video divulgado por la Asamblea Nacional.

La base de Taura, área circundante donde fueron arrestados los menores, fue allanada por la fiscalía la madrugada del pasado lunes para incautar evidencias, entre ellas, los celulares de los 16 uniformados investigados y dos camionetas blancas Chevrolet Luv, con vidrios polarizados y sin placas, en los cuales subieron a golpes y violentamente a los cuatro niños, según las imágenes de vigilancia.

En la audiencia celebrada el martes, el fiscal Christian Fárez, quien lleva la investigación de la desaparición de los cuatro jóvenes dijo que no había evidencia, pruebas, partes policiales o testigos que sustenten la versión sobre el presunto robo.

“No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, apuntó el funcionario que cuestionó el procedimiento de la detención. “Los menores no pueden ser detenidos ni aprehendidos”, indicó, y agregó que debían haber sido “solo aislados” y haber informado a la unidad especializada de la policía: “Sobre todo, hacer de conocimiento público el procedimiento, nombre, fecha y hora”, señaló.

Organizaciones sociales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitan el accionar rápido de las autoridades, igualmente, se exige un proceso judicial transparente.

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