Según la denuncia de la Fiscalía brasileña, el exmandatario tenía conocimiento del plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2022.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó el miércoles ante la Corte Suprema su postura en contra de la petición del exmandatario Jair Bolsonaro de extender el plazo para presentar su defensa en relación a la denuncia por tentativa de golpe de Estado.

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Este jueves finalizan los 15 días para la presentación de los abogados y Gonet sostuvo que la ampliación del plazo no está contemplada en la legislación.

“No existe previsión legal para prórroga de plazo que busque la presentación de respuesta preliminar”, expresó el procurador.

La semana anterior, los abogados de Bolsonaro apelaron a la decisión del magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que rechazó la extensión del plazo a 83 días.

El equipo legal solicitó ese período, considerando que fue el lapso que el Ministerio Público tuvo para formular la acusación contra el exmandatario y el resto de imputados.

La Fiscalía General emitió una acusación formal contra Jair Bolsonaro y otros 33 individuos por crímenes de organización criminal armada, intento de eliminar violentamente el Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

Además, por un perjuicio calificado causado por la violencia y una amenaza seria contra el patrimonio de la Unión, con un daño significativo para la víctima y una degradación del patrimonio declarado.

Asimismo, la cartera fiscal indica que el exmilitar fue el dirigente de la organización que buscó derrocar la democracia en Brasil.

En caso de que el Supremo admita la denuncia, el exjefe del Ejecutivo se transformará en imputado y se enfrentará a un juicio penal en la corte superior.

También se imputaron al exministro de la Casa Civil y Defensa, Walter Braga Netto, general retirado, y al exayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid, teniente coronel; en total, son 34 acusados.

Según la denuncia de 272 páginas, firmada por Gonet, el exmandatario tenía conocimiento del plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2022 y estuvo de acuerdo.

De acuerdo con el fiscal, “para una mejor comprensión de los hechos narrados, conviene recordar que, a partir de 2021, el presidente de la República adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus repetidos pronunciamientos públicos”, señaló.

En dichas declaraciones, precisamente, manifestaba insatisfacción con las resoluciones de tribunales superiores y con el actual sistema electoral electrónico.

En años recientes, la Policía Federal determinó que incurrió en delitos en al menos cinco investigaciones que se llevan a cabo en el tribunal supremo y en tres de ellas fue imputado.

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