Leyes hay, lo que falta es justicia, expresan chilenos que fueron víctimas de las adopciones irregulares en su temprana infancia, casos que la justicia no ha inculpado porque no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permitan disponer una condena. Hasta el momento no ha habido ni una sanción judicial, aunque sí decenas de reencuentros de las víctimas con sus familiares.

Pero es que ‘los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto’. La frase del filósofo Voltaire funciona por el momento, a través de esta forma de exponer la evidencia, por parte de La Televisión Nacional (TVN) de Chile al estrenar el recién finalizado 2024, la serie “Adoptados, la historia que nos falta”, sobre más de 20.000 menores separados de sus padres y dados en adopción durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 

Robo de bebés

Guillermo de la Barra, es el nuevo juez que investigará el robo de bebés y las adopciones ilegales en Chile, tema que lleva una década de indagaciones sobre lo ocurrido entre 1970 y 1990. Existe evidencia de que la sustracción de menores en Chile se inició lentamente en la década de 1950 y hay casos en la década de 1960, lo que demuestra que hasta hoy es una práctica impune en Chile.

Las pesquisas comenzaron en 2017 con el magistrado Mario Carroza, quien dijo que podría tratarse de unos 20.000 niños. Durante cinco años, el ministro en visita extraordinaria Jaime Balmaceda, se hizo cargo de la indagación. Cuando asumió Guillermo de la Barra -abogado de 54 años con casi tres décadas de carrera judicial, graduado de la Universidad Católica de Chile- había 342 causas pendientes; hoy superan las 1.100 y mensualmente reciben nuevas denuncias, precisó la periodista de investigación Antonia Laborde.

De la Barra y Balmaceda trabajaron en juzgados del crimen y en la Corte Suprema, junto a la jueza Paola Plaza, quien investiga las circunstancias de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. Ambos integraron la Novena Sala - funciona como un tribunal- donde De la Barra y Balmaceda confirmaron varias condenas contra la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), conocida como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La historia que nos falta

La serie “Adoptados, la historia que nos falta”, está dirigida por el experimentado realizador chileno Cristián Leighton y contiene seis capítulos filmados en Holanda, Suecia, Francia, Italia, Alemania y el sur de Chile. 

El programa televisivo narra historias de bebés y niños adoptados de manera irregular por parejas europeas, que salieron de Chile con los infantes o los recibieron en sus naciones. Muchos de aquellos niños desearon conocer a sus familias biológicas, durante la adolescencia o la adultez, cuando dudaron de su procedencia por indagaciones propias o información suministrada por sus padres adoptivos. 

Al respecto Cristián Leighton, también autor de “Colonia Dignidad: una secta alemana en Chile” y “Los patiperro”, dice que los hechos que narra la serie “Adoptados…”, se produjeron posterior al Sename (Servicio Nacional de Menores), entre 1980 y el final de la dictadura. “El número fue muy grande. Se abre una puerta para explorar la realidad”, acota.

El Director estaba en Cerdeña, Italia, haciendo una serie que se llama “Mi familia chilena”, cuando advirtió la existencia de cerca de 500 chilenos adultos, que habían llegado entre los años 1980 y 1990. Nos pareció brutal la cifra y en rango de edades, entre 35 y 45 años. Así fue tras la investigación de quiénes son y cuáles son sus historias particulares o comunes.

Igualmente realizaron un pesquisaje en las redes sociales. Esto también ha sucedido con los adoptados en Corea del Sur y Sri Lanka, porque la gente publica sus búsquedas en las redes de internet. Es una labor de generar confianza y colaboración. Trabajaron con organizaciones que recopilan información y también en el mundo académico. Dice Cristián Leighton,  cuando agradece a la historiadora chilena Karen Alfaro Monsalve, relacionada con las mujeres del mundo rural, analfabetas sin redes de apoyo, que han sido madres víctimas de engaños.

La profesora Alfaro Mosalve de la Universidad Austral de Chile, ha investigado profundamente la historia y afirma que hay denuncias de adopciones coercitivas en Chile, anteriores a la dictadura. “Pero la práctica se volvió escalofriantemente común, a partir de finales de la década de 1970, cuando el gobierno de Pinochet comenzó a promover explícitamente las adopciones durante un período de crisis económica”, dijo al periódico New York Times.

Explica Cristián Leighton que cuando iniciaron la búsqueda, encontraron que hubo personas dispuestas a ayudar con la intención de hacer un segundo proceso de engaño, para contarles una historia falsa. Narra la intervención de una monja que hizo esos viajes, porque hacía paquetes turísticos para el reencuentro biológico. La hermana Gertrudis, hizo reencuentros ficticios. Lo que estamos viendo es la “punta del Iceberg”. Hay procesos judiciales andando. Lo que hagan los jueces, tendrá un resultado.

Es un desafío, por eso tomamos riesgos como cineastas. Destaca el excepcional trabajo de montaje de la serie, a cargo del editor Juan Eduardo Murillo. “Es un trabajo largo de más de tres años. Comenzamos a finales del 2019 y nos pilló la pandemia. Con todos los desafíos y complicaciones, pudimos investigar las historias con mayor paciencia y calma”.  

Hay una figura tipificada en el código penal, que es la sustracción de menores. Este es un gran tema, porque nunca se detiene. Ahora sucede en Siria, en Ucrania, precisó el realizador de televisión, al tiempo que insiste cómo está presente la demanda de padres que quieren adoptar. Es una temática muy relevante, por lo que es necesario abordar el tema de la infancia y su cuidado. 

Los investigadores que indagan las adopciones coercitivas en Chile desde los primeros casos en 2014, sorprendentemente concluyen que la práctica extendida durante el gobierno del general Augusto Pinochet, fomenta activamente las adopciones en el extranjero para reducir la pobreza en las décadas de 1970 y 1980. Fue un proceso con la implicación de una amplia red de funcionarios como jueces, trabajadores sociales, profesionales de la salud y agentes de adopción, quienes falsificaron documentos y supuestamente aceptaron sobornos.

El derecho de un niño

Es conocida como La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Un importante acuerdo suscrito entre países, que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. Explica cuáles son los derechos de los niños y cuáles las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí; todos son igual de importantes y no se puede privar a los niños de ninguno de ellos. Los gobiernos deben impedir que se traslade a los niños al extranjero cuando esto sea contrario a la ley (por ejemplo, que secuestren al niño o que uno de los padres le retenga en el extranjero sin consentimiento del otro). Enfatiza UNICEF, a nombre de la Organización de las Naciones Unidas.

En términos rudos y desgraciadamente precisos, se habla de «países exportadores e importadores» de niños; en términos jurídicos, de «Estados de origen» y «Estados de recepción». 

En esta dicotomía confluyen muy diversos elementos: el dato económico del mayor nivel de vida de los «importadores» frente a los «exportadores», el dato sociológico de los bajos índices de natalidad de los primeros y alto de los segundos, el jurídico de las dificultades con que se encuentran aquéllos que quieren realizar una adopción interna, etc. 

Este contexto, ha resultado ser caldo de cultivo para otro fenómeno: el tráfico de menores. Pese a las muchas acepciones con que este término es utilizado, debe destacarse un denominador común en todos los casos: la existencia de un desplazamiento y de un «menor víctima». 

Entre la adopción internacional y el tráfico de niños, existen posiciones antagónicas. La adopción, procura el interés del menor; el tráfico supone una situación de explotación, en cualquiera que sea la forma. 

Sin embargo, la realidad demuestra que bajo la cobertura de una adopción, hay tráfico de niños con fines delictivos y casos en que hay tráfico de niños con fin de adopción. Un negocio cruel.

Todos los Convenios internacionales que afectan a la institución de la adopción, contienen una prohibición expresa por la que se veda la obtención de beneficio económico alguno para cualquiera de las partes. 

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, es la que contiene una formulación más general dada la amplitud de su objeto.

El menor es víctima, porque es objeto de negocio y sirve para el lucro de los intervinientes.

El principal factor en este sentido es el Convenio de La Haya de 1993, que apuesta por ese cambio en el planteamiento: desde la perspectiva de la competencia judicial, el Derecho aplicable y el reconocimiento de decisiones (del Convenio de La Haya de 1965) a la cooperación internacional (del texto de 1993).

Crimen ético

Efectivamente, aún hay muchas preguntas sin respuestas. 

“Esto parte cuando explota en Chile el Caso de Gerardo Joannon sobre las adopciones. Este revuelo que se produjo fue visto por mucha gente fuera de Chile y así comenzaron a investigar por sus propios papeles. Rápidamente se comenzaron a encontrar cosas extrañas, incoherencias y documentos que faltaban. Con eso, detectaron anomalías y en algunos casos conocieron que padres pagaron en diversos montos por la adopción”, cuenta el director de “Adoptados…”

El 1º de febrero de 2004 se efectuó la misa del sacerdote Gerardo Joannon. “Recuerda a tu hijo/a a quien llamaste de este mundo a tu presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección”. Era para rezar la plegaria eucarística en honra de los difuntos, pero tuvo un giro inesperado.

A Pilar, sus amigas la acompañaron de año en año, sin imaginar que sería la última que se celebraría en recuerdo de la niña muerta. ¡Estaba viva! Había sido “regalada” a otra familia al nacer y desde los 12 años aquella niña buscaba a sus padres biológicos, a quienes encontraría justo cuando cumplió 22 años, relató CIPER, Medio de investigación periodística independiente en Chile.

“La súbita aparición de la hija de Pilar, a la que todos creían muerta, no sería el único caso. La investigación de CIPER, pudo constatar que fueron varias guaguas (niños) de jóvenes solteras y embarazadas las que, en las décadas del ’70 y ’80, fueron entregadas irregularmente en adopción a otras familias. En ocasiones, engañando a los padres biológicos, haciéndoles creer que el bebé había nacido muerto; en otras, convenciendo a la madre soltera de que esa era la mejor opción para el futuro del recién nacido”. En ambos casos, no faltaba quienes dijeran que esa era la voluntad de Dios.

El sacerdote, gran amigo de ginecólogos de esa época, ya tenía el diseño perfecto para cuando una joven tuviera un embarazo no deseado por ella o su familia. Ocultaban a la joven hasta el parto y daban el niño en adopción. “Pero cuando la joven insistía en conservar a su hijo y rechazaba tajantemente la adopción, otro plan entraba en acción. ¡La guagua nacería muerta! Para que ese plan tuviera éxito, requería de un elemento clave: un compromiso de riguroso silencio de todos los que estaban al tanto de la verdad. Y así se hizo”. 

Resultaron ser jóvenes asesoradas espiritualmente por Joannon, pertenecientes a la congregación del Sagrado Corazón, que coordina una red formada además por abogados, médicos y monjas. La participación del sacerdote Gerardo Joannon destapó la trama de las adopciones irregulares.

"La justicia reconoció que Gerardo Joannon cometió tres delitos, en el caso de adopciones irregulares en el que se encontraba involucrado; suposición de parto, usurpación de estado civil y falsificación de instrumento público y privado, que fueron cometidos entre los años 1975 y 1983. Sin embargo, la responsabilidad penal está prescrita de acuerdo a la ley, por lo tanto las causas quedaron sobreseídas y no se pudieron aplicar sanciones", explica una declaración pública del Servicio Nacional de Menores (Sename). 

El texto del 2016, plantea que "estos procesos quedaron cerrados en ese tribunal, pero el Sename tiene más causas abiertas por hechos similares que afectaron a mujeres vulnerables”.

Una política de Estado

Hubo servicios diplomáticos que colaboraron en los trámites de adopción. Algunas personas detectaron fotografías de jueces que visitaban los países de destino. ¿Qué hacen estos jueces visitando a niños en otros países? Ahí comenzaron a surgir testimonios de mujeres del sur de Chile, que le contaron que sus guaguas (niños) habían sido arrebatadas. Esta historia se repetía una y otra vez en Valdivia y Paillaco, explicó Cristián Leighton a TVN sobre “Adoptados, la historia que nos falta”.

Hasta 1978, las niñas menores de 21 años debían contar en Chile con la firma de sus padres para dar a un bebé en adopción. “En 2018, el Juez Mario Carroza determinó que eran más de 20. 000 denuncias. Hay mucha gente que no busca y no ha decidido buscar. Por ejemplo, en Suecia se informó que llegaron 4 mil niños chilenos”.  

“Lo interesante de este trabajo es que cada historia tiene una particularidad. El caso italiano responde a niños en una edad de 5 a 8 años que salieron por una congregación religiosa y que llegan cuando son grandes. Margarita es un caso emblemático. Estaba viviendo en Talca, en la calle y la llevan a Quinta de Tilcoco (hogar de menores). Después la vienen a buscar desde Italia, donde se sintió discriminada”.  

“Esa historia es un caso concreto y hoy se desempeña como asistente en adopción en el territorio. Es un temazo. Por ejemplo, el caso de Siria ha generado una oportunidad de adoptar. Países Bajos prohibieron la adopción”. Las consecuencias de sacar un niño de su país, reintegrar y estar en otra cultura, genera un gran problema: entender de dónde viene. 

Sucedió a muchos niños mapuches. La población indígena en Chile es de 1.565.915, esto es, el 9% de la población nacional. El pueblo Mapuche representa 84% de la población indígena. En su mayoría viven en zonas rurales pobres del sur, donde muchas de las madres no hablan español, sino mapudungún o mapuzungún ('lengua de la tierra').

En las denuncias que llegaban a medios chilenos, las madres que finalmente tenían la oportunidad de reencontrarse tras más de 30 años con sus hijos, revelaban que no habían aceptado dar en adopción a sus bebés y que no habían firmado ningún papel, porque en ese momento no sabían leer, ni escribir. Les decían que sus hijos nacieron muertos, no les entregaban ningún documento de defunción y en algunos casos, los bebés sustraídos ya salían de Chile con una inscripción que reflejaba el nombre escogido y apellidos de sus padres adoptivos. Esos niños al crecer, sentían que no pertenecían a lo que les rodeaba.

Se conoce que en Suecia hay 2.200 niños adoptados a través de una agencia, donde se observan patrones similares. Por ejemplo, siempre las mismas personas firman los documentos, los mismos jueces o contienen inscripciones duplicadas. 

Los primeros reportes de la Policía de Investigaciones de Chile, apuntaron la responsabilidad de las adopciones irregulares al Centro Sueco de Adopción, donde participaron sus empleados (trabajadores sociales, fundamentalmente), como “captadoras de los niños y niñas, principalmente de familias pobres”. Sin embargo, la trama del tráfico de niños chilenos, también contó con la complicidad de hospitales públicos, médicos, hogares infantiles y guarderías. 

En Alemania, siempre fue a través de contactos privados con la iglesia y con las Hermanas de la Santa Cruz. En los registros se aprecian muchos niños adoptados con rasgos similares, morenitos de pelo negro, chiquitos. Todos nos sentíamos despojados de una parte de nosotros, comenta Alina Namuncura Rodenkirchen, a quienes sus padres (adoptivos) siempre le explicaron su identidad, porque entendieron lo que significaba para ella. 

Alina es Máster en Estudios sobre América Latina y actualmente reside en Chile. “Es violento ser despojado de tu idioma, por suerte lo pude aprender después. Es muy importante aprender el Mapuzugun para entender cómo funcionan las cosas”. Actualmente enseña a un grupo de mapuches-suecos adoptados y simultáneamente descubre su cultura. “Aunque en Chile hay un racismo intrínseco y ni siquiera se dan cuenta de que te están ofendiendo”, señala. “Eres linda, no puedo creer que eres Mapuche o que suerte vives en Alemania, puedes buscar un rubio para mejorar tu raza”.

Al respecto se pronunció el legislador Boris Barrera, quien lideró la comisión del Congreso, que investigó el escándalo en 2018. "Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos"; aseguró que se trataba de "una maquinaria de tráfico de niños que se extendió por todo Chile con la misma metodología, usando las mismas formas, los mismos engaños. Fueron delitos cometidos por agentes del Estado".

La investigación de la Universidad Austral: “Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990)”, coincide en que las adopciones ilegales se convirtieron en un negocio altamente lucrativo y sórdido. Por ejemplo en los formularios de adopción, los padres adoptivos elegían el niño que buscaban adoptar: oscuro, marrón, marrón suave, blanco.

En Europa y Estados Unidos, los padres y madres adoptivos pagaban a las agencias internacionales de adopción entre 6.500 dólares a 150.000 dólares por cada niño. Una parte de los honorarios, estaba destinada para los profesionales chilenos que ayudaban a identificar a los niños ‘aptos’ y a separarlos de sus padres. Hubo una serie de delitos, como asociación ilícita, alteración de documento público y vulneración de los derechos del niño.

El negocio de la falsa monja

En un reportaje del tabloide neerlandés Algemeen Dagblad, aparece que Truus Kuijpers gestionó adopciones de menores chilenos para Países Bajos, sin el consentimiento de sus padres biológicos.

Luego de su muerte, cientos de archivos fueron recuperados de la casa de Kuijpers, traspasados por sus herederos a la fundación Fiom, especializada en adopciones internacionales. La documentación de 155 niños adoptados nacidos en Chile, se organizó para que fuera revisada por los implicados, como una valiosa información respecto al origen biológico de chilenos adoptados en Países Bajos, reveló el periódico holandés Trouw.

Hace más de dos años, el medio de prensa neerlandés reveló que la madre Gertrudis no era realmente una monja. No sólo eso, la monja falsa -cuyo nombre real era Truus Kuijpers- gestionó adopciones irregulares de niños chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet, menores a quienes habría enviado a Países Bajos, mintiendo a sus familias biológicas. Uno de los adoptados denunció a ‘la monja’, quien le habría dicho a las madres biológicas que sus hijos nacieron muertos, para así enviarlos al extranjero cobrando en el proceso.

El caso de Kuijpers y sus gestiones para la adopción de niños chilenos en la década de los 70, 80 y 90, formó parte de una investigación en Chile, llevada por el ministro en visita extraordinaria Jaime Balmaceda. Fue tras la muerte Truus Kuijpers, que se desató el enojo de adoptados que buscaban información respecto a sus casos y clamaban por justicia, cuando un vocero del ministro indicó a la prensa holandesa, que ésta ya no sería procesada por potenciales delitos.

Tiempo anterior, cuando Truus fue consultada por la prensa, aseguró que participó de la adopción de sólo 120 chilenos y que estos fueron llevados únicamente a Países Bajos. Cuando falleció, la fundación detectó documentación –algunas con sólo media hoja y otros casos cuentan con carpetas de 40 a 50 páginas- de adopciones en Alemania, Bélgica, Francia y hasta dentro de Chile.

Truus Kuijpers había mentido a todos. La falsa madre Gertrudis también realizaba reencuentros entre adoptados y sus familias biológicas, tal como le sucedió a Mirjam Welink, trabajadora social neerlandesa nacida en Chile, quien por más de 25 años ha buscado a su familia biológica, reveló el periódico digital independiente “Interferencia”, en enero de 2023.

Welink recurrió a Truus Kuijpers, quien en 2001 la contactó con Jorge Yáñez, un supuesto hermano. Veinte años después, Mirjam se realizó un test de ADN con Yáñez y dio negativo. Lo hizo al conocer las irregularidades en torno al trabajo de la madre Gertrudis, dos décadas después y tres viajes de Mirjam a Chile para confraternizar con ‘su hermano’. Confrontada con el test de ADN, la falsa monja holandesa no volvió a responder a Welink. “Lloré debajo de las sábanas sin parar… Me levantaba al baño sólo para vomitar”, dijo Welink mientras continuaba buscando a su familia chilena. 

“A raíz de su muerte, Truus Kuijpers ya no es una sospechosa y no será emitida ninguna declaración en torno a su posible responsabilidad criminal”, indicó el medio neerlandés Algemeen Dagblad (AD). 

El Cono Sur

La dictadura argentina también robó niños nacidos en cautiverio o detenidos junto a sus padres y madres embarazadas o con hijos pequeños, y también se desconoce su destino; se cree que fueron dados en adopción mayoritariamente dentro del país. Sobre ello destaca la lucha histórica de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes desde el 22 de octubre de 1977 han ‘batallado’ por la restitución de nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 

Hasta la fecha se han logrado restituir 133 nietos y continúan la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y la defensa del derecho humano a la identidad. Ellas mismas son un testimonio del poder de la resistencia.

En una articulación de redes del cono sur, niños apropiados en las dictaduras de Argentina y Uruguay, fueron adoptados en Chile. La historiadora Karen Alfaro ha investigado cinco casos de hijos de detenidos desaparecidos de esos países, que aparecieron en Chile.

En Chile, varias organizaciones de familiares han liderado la búsqueda de adoptados repartidos por el mundo. "Si bien las investigaciones del juez a cargo van desde 1950 a 2000, hay un alza muy importante en dictadura, son un 98% de los casos. Hay más de mil denuncias y se estima que incluso podrían ser unos cincuenta mil los niños que salieron del país”, declaró Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio (HMS), una agrupación de apoyo a las víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños, a la periodista Victoria Dannemann. También exigen que el Estado reactive el proyecto de banco de huella genética y ADN, que quedó estancado, y que cree una comisión de verdad.

Cabe recordar la frase del célebre Francisco de Miranda: “Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”.

El pasado mes de marzo del 2024, se dio a conocer que el estado chileno va a emprender acciones de carácter multisectorial y de coordinación con la sociedad civil, para establecer el derecho de las personas a conocer su origen. El gobierno chileno de Gabriel Boric, intervendrá en la reunificación familiar de los casos de menores o adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta tanto, más de 20.000 razones están pendientes.

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