Cámara de Casación ratifica el fallo condenatorio emitido po validado por tribunales anteriores en un proceso viciado y sin pruebas.

En gesto insólito aunque no inesperado, los jueces de la Cámara de Casación argentina ratificaron este miércoles el fallo condenatorio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Vialidad, decisión que la condena a seis años de prisión y la proscribe políticamente.

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Los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ya habían adelantado a medios de comunicación de la derecha que confirmarían el fallo, el cual pretende llevar a Cristina Fernández a prisión e inhabilitarla de manera perpetua para desempeñar cargos públicos.

Ahora su defensa deberá apelar ante la Corte Suprema la decisión de Borinsky, Hornos y Barroetaveña, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país suramericano, por lo cual no podrá ser detenida ni inhabilitada hasta que aquella instancia no se pronuncie.

Según el fallo que leyó Hornos, se procedió a condenarla «a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Al emitirse el fallo, la expresidenta argentina, quien ahora encabeza el Partido Justicialista (peronista), se encontraba en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Ares, donde compartía una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres de ese predio.

Poco antes, en las afueras de Comodoro Py (sede del poder judicial argentino) inició una clase pública sobre el lawfare (persecución judicial), titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial. Un caso de estudio de lawfare».

El principal promotor de esta iniciativa, el dirigente y excandidato presidencial Juan Grabois, rechazó ante centenares de personas allí congregadas el fallo contra Cristina Fernández.

Grabois afirmó: «Estamos frente a una mafia, un mecanismo extorsivo de disciplinamiento que, fundamentalmente, busca plata. Hay una intencionalidad política, porque si no estarían presos otros funcionarios. Hay algo mucho más grave que es la degradación del Estado de Derecho». Además, recordó que en este caso no se presentó ni una sola prueba de corrupción por parte del Ministerio Público.

Jueces parcializados y un fallo alimentado por el macrismo

El martes, Cristina Fernández publicó una carta pública en la que advirtió que el fallo sería condenatorio. Responsabilizó al macrismo y a medios hegemónicos de la derecha, como Clarín y La Nación, de alimentar una campaña de odio en su contra.

La exmandataria recordó que Borinsky jugaba al tenis con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en Los Olivos (sede de la residencia presidencial), y que Hornos visitaba a Macri en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), además de estar denunciado por acoso sexual y violación. Sobre Barroetaveña, dijo que era dirigente de la lista macrista de magistrados para el Consejo de la Magistratura.

Añadió que los tres, junto a otros que conforman lo que llamó «la misma banda», «tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba un torneo organizado… en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces… te la debo!».

Aseveró que la condenan por un delito que nunca pudo haber cometido como Presidenta de Argentina, pues entre otros aspectos, las obras viales que citó el Ministerio Público fueron aprobadas dentro de los presupuestos nacionales por el Congreso federal; que se licitaron, ejecutaron y pagaron por el Gobierno de Santa Cruz, y que su rendición de cuentas fue aprobada por Auditoría General de la Nación y el Congreso desde el 2003 hasta el 2015.

««»Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación –constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres Gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo», dijo.

El juicio por la causa Vialidad inició en 2019. Los fiscales intentaron acusar a Cristina Fernández de adjudicaciones irregulares de obras públicas en la referida provincia (sur) al empresario Lázaro Báez, por lo cual habría incurrido en el delito de administración fraudulenta.

Pese a que la defensa desmontó minuciosamente la acusación y demostró la nulidad de las pruebas presentadas, el tribunal a cargo del caso responsabilizó a la exmandataria. La causa luego pasó al Tribunal Oral Federal 2 y a continuación a la Sala IV de Casación.

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