De acuerdo con el Gobierno hondureño, los únicos favorecidos con las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) son los grandes empresarios.

El Pleno de magistrados del Poder Judicial de Honduras se reúne este viernes para decidir en relación a la inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (Zedes), vinculadas al desarrollo económico en el país, las cuales se constituyeron de manera ilegal.

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En entrevista con la multiplataforma TeleSUR, el sociólogo Eugenio Sosa, dio a conocer que las Zedes se crearon en el año 2013. “Significó un proyecto que amenaza la fragmentación territorial, la creación de poderes territoriales por encima del mismo Estado nación, lo que tuvo un rechazo profundo de la ciudadanía y una condena muy fuerte a ese acto de (expresidente) Juan Orlando Hernández cuando estaba en el Gobierno”.

Sosa recordó que inconstitucionalizar las Zedes fue una promesa importante del partido Libertad y Refundación (Libre), específicamente de la presidenta de Honduras, Xiomara castro.

El sociólogo expresó que existen dos posibilidades. “Una es que la Corte las declare inconstitucionales y que todo lo hecho quede también anulado, en ese caso las empresas que ya están instaladas y que tienen demandas contra el Estado tendrían que respetar la Constitución y no deberían proceder ese tipo de demandas contra el Estado hondureño”.

“Lo otro que algunos esperan, sobre todo los sectores de poder económico, es que aun si se declara inconstitucional, sea a partir de ahora, del presente hacia el futuro”, agregó.

Sosa resaltó que “ya existe una demanda por más de 10.000 millones de dólares en la que pretenden que el Estado los indemnice en caso que no se pueda instalar plenamente, lo que sería un golpe a la débil economía hondureña”.  

¿Cuál es la gran disputa y la cuestión de fondo?

El sociólogo respondió que la gran disputa es “tener sectores territoriales donde puedan invertir sin ningún tipo de regulación, ni control, lo que permite una libertad de las políticas neoliberales clásicas y sería una creación de un miniestado dentro del mismo territorio nacional”.

Por otro lado, mencionó que la disputa también está en que si “la decisión de la corte dice que anula también lo hecho hasta el momento, los que aprobaron esta iniciativa en el 2013 podrían tener consecuencias penales por haber actuado en contra de la existencia de la patria, podría tener consecuencias por violar la constitución y por todo lo actuado hasta el momento”.

Sosa aseguró que la expectativa es grande y toda la ciudadanía está a la espera de lo que pueda suceder y afirmó “quienes están a favor de esas iniciativas quieren quitarle a la corte la potestad que pueda tener lo actuado, y que eso quede como una posibilidad en manos del congreso, que está controlado por la oposición de manera mayoritaria y por lo tanto con mucha capacidad de maniobra”.

Algunos medios de prensa y redes sociales comenzaron a difundir noticias falsas, relacionadas con que al declarar inconstitucional las Zenes, se perderían miles de empleos y la generación de divisas desde el extranjero, cuando en varias ocasiones Xiomara Castro ha denunciado con los únicos favorecidos son los grandes empresarios.

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