Entre los principales sectores beneficiados que tendrán aumentos, se encuentra la educación, los programas sociales, la movilidad y el sector jurídico.

El Congreso de México aprobó este martes el Paquete Económico 2025, que cuenta con un presupuesto de más de 291 millones de pesos mexicanos (alrededor de 14 millones de dólares).

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Entre los principales sectores beneficiados que tendrán aumentos, se encuentra la educación, los programas sociales, la movilidad y el sector jurídico, principalmente las alcaldías.

Agregado a ello, el decreto de egresos comprende una cantidad de recursos valorada en más de 785 millones de pesos (alrededor de 38 millones de dólares) enfocada en la elección de jueces y magistrados en la capital.

Asimismo, esta última cifra se enfoca en la indemnización de quienes decidan eliminar su candidatura o no resulten elegidos en el proceso electoral de 2025.

Para ellos, “se prevé una erogación de poco más de 357.5 millones de pesos (alrededor de 17 millones de dólares).

La votación por el Código Fiscal fue de 66 votos a favor y 14 en contra, en tanto…por el Presupuesto de Egreso se registraron 65 a favor y cero en contra.

«Un compromiso con la construcción de una ciudad más justa»

Ante esta nueva decisión, Valentina Batres, diputada del partido Morena, dijo sobre el presupuesto de egreso que “representa un compromiso con la construcción de una ciudad más justa, equitativa y próspera”, según recoge La Jornada.

“El presupuesto refleja principios de responsabilidad financiera, austeridad, eficiencia y transparencia; sin embargo, su esencia radica en un enfoque sólido hacia la política social, cuyo propósito es reducir las desigualdades estructurales”, subrayó Batres.

Entre otros puntos, se aprobó un nuevo impuesto ecológico para las empresas que cumplan con el requisito de tener fuentes fijas que emitan gases contaminantes que por consecuencia afectan la atmósfera.

En tanto, se tiene contemplado un ajuste inflacionario de 4.74 por ciento destinado al cobro de impuesto de predial — que grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles y predios (fincas)—, así como las tarifas del servicio del agua.

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