Estados Unidos y Panamá ejecutaron una operación conjunta de secuestro migratorio contra 299 personas de Asia y África, encerrándolas en el hotel Decápolis de Ciudad de Panamá.

LEA TAMBIÉN:

Diosdado Cabello denuncia abusos de EE. UU. contra migrantes venezolanos

Durante 30 días, familias completas sufrieron reclusión ilegal bajo custodia armada, sin acceso a abogados ni comunicación con el exterior. Las imágenes de migrantes pidiendo ayuda desde las ventanas exponen el carácter criminal de este operativo coordinado entre ambos gobiernos.  

El ministro Frank Ábrego, calificó el encierro como «custodia protectora», cuando los testimonios demuestran condiciones de prisión ilegal. Panamá, convertido en gendarme de la política migratoria genocida de Washington, violó todos los protocolos internacionales sobre derechos humanos. La ONU, cómplice por su silencio, avaló esta externalización de la violencia fronteriza estadounidense. 

El gobierno panameño admitió que 192 migrantes «aceptaron» regresar a sus países bajo coerción, mientras condena a otros a permisos temporales antes de la deportación segura.

Liberados en marzo, 69 migrantes sobreviven ahora en un gimnasio gracias a caridad eclesial, mientras Panamá y EE. UU. eluden responsabilidades. El presidente Mulino reconoce que usan su país como basurero humano, pero sigue colaborando con esta maquinaria de muerte.

Con 200 casos similares en Costa Rica en febrero, queda claro que Centroamérica es el laboratorio de la limpieza étnica migratoria diseñada por Washington.  

EN ESTA NOTA: