Mientras parlamentarios presentarán una solicitud para enjuiciar al mandatario Javier Milei por cripto-estafa, el entorno del mandatario insiste en la versión de que el mandatario fue engañado y no eliminó el mensaje rápidamente porque estaba ocupado.

Este lunes, se llevarán a cabo los sorteos para determinar qué juzgado general se encargará de tramitar las múltiples denuncias presentadas contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por los delitos de defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ética pública y asociación ilícita. La decisión dependerá de qué opción primer para llevarse adelante: el juicio político, la comisión investigadora o la interpelación.

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El proceso para investigar y juzgar al presidente en el Congreso de la Nación está establecido en la Constitución del país, y debe comenzar en la Cámara de Diputados y finalizar en el Senado.

La Cámara baja debe presentar la acusación ante la Cámara alta, y se necesita del respaldo de los dos tercios de ambas para avanzar. No obstante, un paso previo consiste en hacer un dictamen en la Comisión de Juicio Político, la cual ahora mismo está acéfala.

Diputados como Esteban Paulón y Mónica Fein expresaron su preocupación por la gravedad de los hechos y han pedido que se avance en la designación de las autoridades de la comisión de enjuiciamiento político: «Ojalá se avance en la designación de las autoridades de la comisión y se aboquen a la investigación. Es muy grave lo que ha sucedido».

En tanto, la Coalición Cívica (CC) solicitó la creación urgente de una comisión investigadora y señaló que Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, además de estar implicado en delitos como lavado de dinero y defraudación. Democracia Para Siempre impulsa esta investigación parlamentaria junto con CC, y consideran que el juicio político puede no ser la solución porque permitiría a la Casa Rosada victimizarse y denunciar maniobras destituyentes.

Por su parte, Unión por la Patria optó por impulsar un juicio político, argumentando que la participación de Milei en un presunto delito de estafa es de «enorme gravedad» y constituye un «escándalo sin precedentes«.

El Frente de Izquierda, por su parte, exige que Milei brinde explicaciones en cadena nacional: «¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?», expresó el diputado de la coalición, Nicolás del Caño, quien anticipó que pedirán interpelación del presidente en el Congreso, para que todos los argentinos puedan observarlo desde cadena nacional.

El escándalo estalló el pasado viernes 14 de febrero, cuando Milei promocionó en la red social X la compra de la criptomoneda $Libra que al momento de la promoción cotizaba a 0.0001 dólares, pero 20 minutos después su valor se disparó a 24.80 dólares.

Horas más tarde, los responsables de la criptomoneda desaparecieron y el mandatario argentino salió a decir que infelizmente había recomendado sin tener en cuenta los pormenores de la operación.

El caso ha generado un intenso debate político, con algunos sectores acusando al Gobierno de intentar victimizarse y denunciar maniobras destituyentes. Sin embargo, lo cierto es que el escándalo ha puesto en jaque la credibilidad de Milei y podría tener consecuencias impredecibles para su gobierno en un contexto de profunda crisis económica y social en Argentina.

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