Entre 2013 y 2022, Maranhão se convirtió en el cuarto estado de la Amazonia con mayor consumo de pesticidas, según datos del IBAMA. Con un incremento del 191,5%, el uso de estos químicos alcanzó un récord de 15.649,67 toneladas en 2022, cifra que coincide con la expansión del cultivo de soja, hoy dominante en 33 municipios. Pero este crecimiento tiene un rostro oculto: 85% de los casos de intoxicación por agrotóxicos reportados en Brasil durante el primer semestre de 2024 ocurrieron en comunidades rurales de este estado, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

En Açailândia, municipio agrícola a 560 km de São Luís, las fumigaciones aéreas son una rutina. “Los drones pasan todos los días rociando químicos. Parece que nos quieren eliminar”, denuncia un residente del asentamiento Novo Oriente, donde familias del MST y agricultores tradicionales conviven con plantaciones de soja que ocuparon 1,1 millones de hectáreas en 2022 (+94,8% en una década). La CPT documentó 156 intoxicados en seis meses solo aquí, muchos con síntomas como vómitos, mareos y lesiones cutáneas.

La soja, que representa el 64,98% de la producción agrícola local, avanza sobre 218 territorios tradicionales —indígenas, quilombolas y ribereños—, según Faetema. “Nuestras cosechas de frijol y mandioca se pierden por la deriva de los pesticidas. Ya no sabemos qué es seguro comer”, relata Maria Silva, agricultora en una zona colindante con cultivos industriales.

Mientras el agronegocio se expande, la legislación parece insuficiente. Aunque la pulverización aérea está restringida cerca de zonas habitadas, en la práctica, drones y aviones operan a menos de 500 metros de viviendas. “Las empresas no avisan cuándo fumigar. Los niños juegan al aire libre y de repente todo huele a veneno”, explica João Ribeiro, líder comunitario en una aldea quilombola afectada.

El Departamento de Agricultura de Maranhão reconoce el crecimiento exponencial de la soja, pero atribuye las intoxicaciones a “malas prácticas individuales”. Para la abogada ambientalista Luana Costa, esto es negligencia: “El estado prioriza las ganancias sobre la vida. No hay fiscalización real, y las multas son irrisorias”.

Resistencia en Goiás, en un mar de monocultivos

El campamento Leonir Orback del MST, establecido en 2016 en tierras del Grupo Naoum —empresa con deudas millonarias—, es un enclave de resistencia. Sus 16 hectáreas, rodeadas de caña y soja, son el 0,02% del área agrícola municipal. «El agronegocio lo ha arrasado todo. Plantas lechuga y al día siguiente se quema con los químicos», lamentó María. Carlos Bonfim, coordinador sanitario, denuncia que las fumigaciones con tractores Uniport —diseñados para «todo desafío» según el fabricante Jacto— destruyen sus cultivos y atraen plagas hacia sus huertos.

Aunque la legislación brasileña exige distancias mínimas para fumigar (250-500 metros), la realidad es otra. «Aquí rocían a 20 metros con drones», denunció Paulo Pires, profesor y campista. Agrodefensa, agencia estatal, asegura «inspeccionar el área», pero los campistas desmienten su presencia: «Solo vinieron a revisar la comida de los cerdos», ironizó Paulo.

Un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), presentado en diciembre de 2024, reveló que el agua del campamento contiene glifosato, 2,4 D, fipronil y atrazina en niveles hasta 28 veces superiores a los permitidos en la Unión Europea. Fernanda Savicki, ingeniera agrónoma de Fiocruz, advirtió ante los campesinos: «Si el entorno está enfermo, nosotros también». Las muestras, tomadas entre 2022 y 2023, mostraron contaminación persistente, vinculada al calendario de siembra de soja, donde se usan herbicidas para «limpiar» el terreno.

Pero el veneno no solo está en el agua. Investigadores de la Universidad Federal de Goiás (UFG) analizaron la sangre de 46 campistas y hallaron alteraciones y mutaciones en su ADN por exposición a 12 pesticidas, incluido el glifosato. «El daño genético puede derivar en enfermedades crónicas», explicó la genetista Andreya Costa. Laureana Fernandes, de 40 años, donó su muestra tras ver a sus compañeros con lesiones cutáneas: «El picor no te deja vivir», describió María Rodrigues, quien se rasca «día y noche» pese a que médicos locales atribuyeron sus síntomas a «virus».

La tierra donde resiste el MST tiene una historia ligada a la caña de azúcar y a conflictos judiciales. El Grupo Naoum, en quiebra desde 2008, acumuló 75.000 hectáreas en la región. El MST exige su expropiación para reforma agraria, pero la Justicia de Goiás revocó un fallo a favor del gobierno federal, protegiendo a la empresa en recuperación judicial. «La lucha es por todas las tierras del Naoum», afirmó Ueber, abogado del movimiento.

Mientras las instituciones minimizan el problema, la presión popular logró avances en otros estados. En Nova Santa Rita (Rio Grande do Sul), el MST consiguió en 2021 perímetros de exclusión para fumigaciones aéreas tras documentar contaminación masiva. «La vigilancia popular sistematiza pruebas para exigir derechos», destacó Jakeline Pivato, de la Campaña Contra los Agrotóxicos.

En Leonir Orback, persiste la esperanza. Aunque los huertos menguan, aún cultivan mandioca, plátanos y frijoles. «Es una lucha por una sociedad más justa», afirma Paulo, mientras camina entre surcos que desafían al veneno. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuánto ADN más deberá dañarse antes de que el Estado actúe?

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