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Publicado 17 noviembre 2014



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El presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, sigue acusando a Moscú de provocar el conflicto en el este de Kiev y evade proponer solución a la violencia que ha dejado 4 mil 100 muertos.

La tensión diplomática entre Rusia y Ucrania fue tema de debate en el seno de la cumbre del G20 que se lleva a cabo en Australia tras las críticas de líderes occidentales y la Unión Europea (UE) contra Moscú que afrontará nuevas sanciones. 

La jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, fustigó la reciente de matanza en el este ucraniano, donde el conflicto impulsado por el Ejército de este país contra los federalistas ha dejado 4 mil 100 muertos.

No obstante, la UE no habla de estrategias para buscar al conflicto en las Repúblicas de Lugansk y Donetsk, incluidas en las sanciones, cuyos habitantes son los más afectados por las restricciones económicas.

“Los daños a las infraestructuras y a los habitantes de Lugansk y Donetsk son bastante severos (...) por el clima que se acerca los analistas se preguntan por qué (la UE) no habla de esta situación y en cambio sigue diciendo el presidente ucraniano Piotr Poroshenko que es Rusia que ha provocado el conflicto”, destacó el corresponsal de teleSUR en Rusia, Julio César Mejías durante su análisis de la reunión del G20. 

El presidente ruso Vladimir Putin, recalcó a periodistas ante las acusaciones, que ambas partes tenían la culpa de lo que estaba ocurriendo en Ucrania.

Mejías añadió que el mandatario ruso recordó que el conflicto en Ucrania comenzó cuando funcionarios diplomáticos de Francia, Polonia y Alemania acordaron con el presidente derrocado Viktor Yanukóvich, solucionar la situación de violencia que presentaba en la Plaza Maidán, “pero hicieron caso omiso y optaron por el Golpe de Estado”. 

Putin dijo el domingo en la cumbre que las sanciones impuestas por Occidente “perjudican a todos, tanto a quienes son su blanco como a quienes las imponen”.

Estados Unidos y la UE buscan ampliar la lista negra de sancionados rusos y ucranianos, a los que les prohiben viajar a territorio comunitario y congelaron sus bienes, en la que hay por el momento 119 personas y 23 entidades.


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