La prefecta de Pichincha se encuentra bajo investigación criminal, por la que la Fiscalía pide prisión preventiva.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador manifestó su preocupación por el pedido del Ministerio Público de una nueva audiencia para cambiar las medidas cautelares de la prefecta Paola Pabón, hecho que podría llevar a la encarcelación de la autoridad provincial.
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“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la solicitud realizada por el fiscal provincial de Pichincha, acción que derivaría en el uso excesivo de la figura de la prisión preventiva, lo que la priva de sus derechos políticos”, se indica en el comunicado de la Defensoría del Pueblo, hecho público este lunes.
El documento, firmado por el defensor del Pueblo, doctor Freddy Carrión Intriago, recuerda que la prefecta Pabón permaneció 72 bajo medida cautelar de prisión preventiva a fines de 2019, siéndole sustituida ésta por una sustitutiva en diciembre de 2019.
Simpatizantes y familiares de la Prefecta @PaolaPabonC, se concentran en los exteriores de la Prefectura para expresar su apoyo. Mientras la audiencia de revisión de medidas sustitutivas se desarrolla vía telemática @ConexiontlSUR pic.twitter.com/Vv6Kkrg5xz
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) September 7, 2020
A finales del pasado mes de agosto, el Tribunal realizó el llamamiento a juicio para la prefecta de Pichincha, ratificando la medida cautelar sustitutiva.
No obstante eso, la Fiscalía pidió audiencia para tratar de devolver de Pabón a la medida de aseguramiento en la cárcel, aun cuando no existen elementos que indiquen que Pabón pretenda sustraerse de la acción de la justicia.
La Defensoría del Pueblo recordó también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in situ y el 06 de diciembre de 2019 otorgó medidas cautelares a favor de Pabón, solicitando al Estado ecuatoriano precautelar su derecho a la vida e integridad personal, así́ como respetar sus derechos políticos en su calidad de autoridad electa por votación popular.
De igual forma, se expresa en el comunicado que el exceso de uso de la prisión preventiva en el país ha motivado que la población carcelaria hasta el 26 de agosto presente hacinamiento del 29,08 por ciento, lo que dificulta la atención a los ciudadanos.
Por tales motivos, la Defensoría del Pueblo llamó a todos los actores involucrados a observar el respeto de los derechos civiles y políticos de la prefecta “que fueron oportunamente observados durante meses atrás por instancias nacionales e internacionales”.
Paola Pabón, conjuntamente con otras figuras de Revolución Ciudadana, está acusada por presuntos hechos de instigación a hechos vandálicos durante las protestas que sacudieron al Ecuador en octubre y noviembre de 2019; imputación que ella y sus compañeros han negado y que califican como persecución política.