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Un magistrado ordenó detener la inoculación a menores de 23 años hasta tanto el Gobierno no cumpla varios requisitos.
El Gobierno de Uruguay apeló este lunes la sentencia judicial que obligó a suspender en ese país suramericano la vacunación voluntaria contra la Covid-19 a los menores de 13 años.
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El 7 de julio, el juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alejandro Recarey, admitió un amparo en el que se solicitaba detener la inoculación.
El magistrado suspendió la vacunación hasta tanto el Ministerio de Salud Pública y el Ejecutivo no publique de manera íntegra los contratos de compra de las vacunas administradas a la población. En Uruguay se vacunó con la china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.
Respuesta de la OPS a nota del ministro de Salud Pública de Uruguay por fallo judicial ⬇️https://t.co/lk8veFlPIt
— OPS/OMS Uruguay (@opsomsuruguay) July 11, 2022
Recarey exigió que Salud entregue a los responsables de los menores dispuestos a vacunarse un texto que informe con claridad sobre aspectos como la composición de los inmunógenos, los beneficios, una aclaración detallada de sus posibles riesgos y la totalidad de los efectos adversos ya detectados.
Tras el fallo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó que la decisión de Recarey puso en la Justicia “la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar".
Queremos transmitir un mensaje de optimismo y, sobre todo, de esperanza: esperamos que pronto se revierta esta situación. Porque cada decisión que tomó el PE, fue con aval científico.
— Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) July 7, 2022
El fallo del juez pone en riesgo la salud de muchos niños y cuestiona a la ciencia. pic.twitter.com/s7RsOFlvSM
El Ejecutivo ahora cuenta con un plazo de tres días para retirar las copias de la apelación, tres días más para que el demandante conteste y cuatro días hábiles para que el tribunal de apelaciones resuelva en segunda instancia.
Hasta el momento, no ha trascendido si el Gobierno prevé brindar públicamente información sobre los aspectos demandados por el magistrado.
Según medios locales, el Ministerio de Salud Pública decidió al mismo tiempo recusar a Recarey. Argumentó que normalmente el TCA está a cargo de su juez titular, Carlos Aguirre, y que debió ser este quien se pronuncie sobre el particular.
Medios locales señalan que, de aceptarse la recusación, el tribunal podría reenviar el expediente al turno (con el juez titular en funciones), enviarlo al juzgado del turno anterior (así lo prevé la ley) o considerar que por la urgencia del amparo debe resolver todo en el mismo acto y pronunciarse sobre el fondo del asunto.
