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Las autoridades cubanas aseveran que los promotores de la marcha tienen vínculos con grupos subversivos o agencias financiadas por el Gobierno de EE.UU.

Las autoridades cubanas aseveran que los promotores de la marcha tienen vínculos con grupos subversivos o agencias financiadas por el Gobierno de EE.UU. | Foto: EFE

Publicado 12 octubre 2021



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Es considerada una provocación como parte de la estrategia de “cambio de régimen” para Cuba, ensayada en otros países.

El intendente del Consejo de la Administración del municipio de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, negó el permiso para la realización de una marcha en la capital cubana, organizada por un grupo de subversivos carentes de legítimidad.

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En su respuesta a los promotores, el funcionario recordó que el artículo 56 de la Constitución, que ellos invocan, dispone entre los requisitos para ejercer el derecho a la manifestación la licitud y “el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.

Explicó que “si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”.

Mencionó que el artículo 45 de la Ley Fundamental establece que el “ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”.

Agregó que el artículo 4 define que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable”, y acotó que toda acción ejercida en su contra es ilícita.

A partir de estos elementos, Acosta Silva manifestó que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen” para realizar la marcha.

Aseveró que “los promotores y sus proyecciones públicas tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, y sostuvo que algunos de ellos poseen vínculos “con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense”.

Manifestó que “apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar”.

En su misiva, Acosta Silva recordó que la Carta Magna cubana “fue debatida ampliamente y aprobada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes”.

Abundó que esa abrumadora mayoría “escogió de manera soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido”.

En otras provincias de Cuba, en los cuales estos grupos pidieron permiso, como Santa Clara y Holguín, para realizar sus manifestaciones, también se les rechazo por los mismos motivos que argumentaron las autoridades de La Habana. 

Ambas provincias coincidieron que los promotores de estas marchas poseen vínculos con organizaciones subversivas empeñadas en desestabilizar el orden constitucional de la isla.


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