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El Ministerio Público hizo una solicitud formal de prisión preventiva por 180 días para el exgobernante cruceño.

El Ministerio Público hizo una solicitud formal de prisión preventiva por 180 días para el exgobernante cruceño. | Foto: EFE

Publicado 7 abril 2023



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El exgobernador Camacho enfrenta los cargos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia presentó el jueves una acusación penal contra el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus implicaciones en el denominado caso Carro Bombero.

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El exgobernador de Santa Cruz fue acusado de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado alrededor de la compra fraudulenta de un carro de bomberos que nunca fue entregado.

El Ministerio Público hizo una solicitud formal de prisión preventiva por 180 días en la cárcel Chonchocoro donde actualmente permanece recluido el exgobernante cruceño por el caso Golpe de Estado que en 2019 derivó en un quiebre de la institucionalidad democrática del país andino.

Por su parte, la Fiscalía investiga el incendio del Mercado Mutualista en la noche del 31 de julio de 2022 que no pudo ser enfrentado efectivamente por la justificación de Camacho de que la Gobernación de San Cruz no poseía carros de bomberos, sino carros cisternas.

Ante la denuncia de los afectados por el siniestro por la falta de condiciones para sofocar incendios de grandes magnitudes, se supo que los asambleístas departamentales había aprobado a finales del año anterior un presupuesto millonario para la compra del carro de bomberos.

Según el diputado Rolando Cuellar la entrega del carro de bomberos no se realizó en la fecha acordada sugiriendo así la existencia de una contratación irregular alrededor de una compra no realizada por licitación pública.

En septiembre pasado, la Fiscalía detuvo al otrora director de Seguridad Ciudadana por varios delitos de corrupción, así como al representante legal de la empresa ABM bajo cargos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Al final, la Gobernación disolvió la compra por incumplimiento de entrega.


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