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El Ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, alertó que Lenín Moreno no puede quedar impune por cuatro delitos que habrían derivado del préstamo de gases lacrimógenos y municiones al Gobierno de Áñez.

El Ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, alertó que Lenín Moreno no puede quedar impune por cuatro delitos que habrían derivado del préstamo de gases lacrimógenos y municiones al Gobierno de Áñez. | Foto: EFE

Publicado 16 junio 2021



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Las autoridades de Bolivia pretenden acudir a instancias internacionales por lo que consideran crimen de lesa humanidad.

Bolivia analiza la posibilidad de comenzar un juicio político contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, por cuatro delitos que habrían derivado del préstamo de gases lacrimógenos y municiones durante la gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, que se usaron para reprimir a la población en varias localidades del país suramericano.

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Los funcionarios bolivianos del Gobierno de Luis Arce, pretenden acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por lo que consideran crimen de lesa humanidad, crimen transnacional, corrupción y tráfico de armas.

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, este caso no puede quedar en la impunidad y sospecha que las armas fueron utilizadas durante los conflictos previos a las elecciones de 2019 en Huayllani por la Policía y las Fuerzas Armadas (FAA).

Por su parte, en Ecuador, un grupo de asambleístas comenzaron un proceso contra Moreno por delito de peculado en relación con entrega del material y revelan vínculos con Colombia.

“Eso ya consta en Ecuador en un documento de una comisión ciudadana, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de la represión brutal de la que fuimos víctimas en octubre de 2019 —un mes antes de Bolivia—, dijo Fausto Jarrín, asambleísta del movimiento izquierdista ecuatoriano Unión por la Esperanza (UNES)  a medios locales.

Además, señaló que durante la represión de octubre de 2019 se usó material de Brasil y Colombia, y “parte de esto seguramente es lo que fue trasladado a Bolivia para que las fuerzas del orden ataquen a la ciudadanía”, agregó.

Fausto Jarrín expresó en medios locales que se le pidió a la Fiscalía que tomaran las versiones del expresidente y de miembros de la policía, equipo diplomático de Ecuador y que se instalen los sistemas de asistencia penal internacional.

“El caso de tráfico de armas debe ser investigado por el gobierno ecuatoriano y no puede quedar impune. Se debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de (Jeanine) Áñez y Lenin Moreno no puede quedar impune”, dijo el ministro Lima en su cuenta en Twitter.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Gobierno de Ecuador demostró que el gobierno de Moreno envió a Bolivia, en noviembre de 2019, 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

De acuerdo con las autoridades del Gobierno, de demostrarse el uso del material en la masacre de Huayllani, sería grave, pues implicaría un crimen de lesa humanidad y un crimen transnacional. En ese sentido, Lima aclaró que se está coordinando la investigación entre Bolivia y Ecuador, porque no es un solo tema de corrupción.


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