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Las familias afectadas producían alrededor de 7.200 toneladas de alimentos al año y cerca de 5.000 personas trabajaban directa o indirectamente.

Las familias afectadas producían alrededor de 7.200 toneladas de alimentos al año y cerca de 5.000 personas trabajaban directa o indirectamente. | Foto: @MST_Oficial

Publicado 25 noviembre 2019


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El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) denunció que, durante los desalojos, varias personas resultaron heridas.

La Policía Federal de Brasil realizó este lunes desalojos violentos con bombas de humo, gas pimienta y destrucción de casas a 700 familias en los campamentos de Abril Vermelho, Sor Dorothy e Iranir de Souza, vinculados al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en el estado de Bahía (noreste).

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"Comenzaron a soltar bombas de gas, muchos niños se desmayaron, las personas mayores también se desmayaron, un compañero fue golpeado en la cabeza y fue al hospital", declaró Francisco, uno de los campistas, quien destacó una gran presencia de policías federales y militares, incluso sobrevolando.

Según medios locales, los agentes ejecutaban órdenes de recuperación a favor de la Compañía de Desarrollo de los Valles de São Francisco y Parnaíba (Codevasf), mientras que sus acciones violentas provocaron lesiones a varios trabajadores y ocupantes, así como la herida de bala en la cabeza recibida por Laurindo Pereira da Silva.

En los tres campamentos afectados, las familias producían alrededor de 7.200 toneladas de alimentos al año y trabajaban, directa e indirectamente, cerca de 5.000 personas.

“Estos fueron los acuerdos firmados con Incra, el defensor del pueblo agrario, el Gobierno del Estado y Codevasf. No lo están haciendo, porque la bandera de los gobiernos ahora es poner fin a los movimientos sociales”, declaró el responsable de comunicación del MST, Jobson Passos Lopes.

Las familias han ocupado los campamentos desde 2007 y 2012 por acuerdo de los gobiernos federal y estatal, el Ministerio Público y la compañía, entre otros actores.

El MST denunció que, tras los "ataques violentos contra los movimientos sociales del Gobierno actual, los acuerdos se rompieron y las familias una vez más fueron víctimas de la truculencia estatal", por lo que reclamaron declaraciones del Gobierno de Bahía.

Passos Lopes reiteró que, según lo acordado por las partes, si las familias se fueran lo harían hacia otra área comprada por Codevasf, pero esto no ha sucedido, por lo que las personas no saben a dónde ir.

“Nos damos cuenta de que el Gobierno quiere terminar el sueño del trabajador rural, el trabajador sin tierra”, aseveró.


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