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Los salarios de las autoridades públicas serán fijados cada cuatro años por una comisión.

Los salarios de las autoridades públicas serán fijados cada cuatro años por una comisión. | Foto: @boris_barrera

Publicado 27 noviembre 2019


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Tras horas de debate, el proyecto de Ley se aprobó con 150 votos a favor y ninguno en contra. La reducción salarial también atañe a funcionarios del Poder Judicial 

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la rebaja de la dieta (remuneración mensual durante su gestión) de los parlamentarios y la reducción de sueldos de otras autoridades estatales a través de una reforma constitucional.

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El hecho suscitado en el Congreso Nacional ha sido calificado de histórico, debido que la votación fue unánime, con 150 votos a favor y ninguno en contra, aprobándose la rebaja transitoria de un 50 por ciento de la dieta parlamentaria.

La reforma contempla la disminución salarial en un 50 por ciento del Poder Judicial y el concepto de gastos operacionales, mientras que una mesa técnica determinará el monto de la remuneración de los altos cargos del Estado, los cuales pudieran ser superiores al devenido por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Con la decisión, se modifica el artículo octavo de la Constitución chilena, comprendido en el capítulo dedicado a las Bases de la Institucionalidad, donde aborda el deber de transparencia y probidad en la función pública.

Los salarios de las autoridades públicas serán fijados cada cuatro años por una comisión compuesta por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros del Banco Central y un delegado elegido por el jefe de Estado.

Además, el ahorro que implique la entrada en vigor de esta reforma será destinado con discrecionalidad en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año por el presidente de la República.


Asimismo, la Cámara de Diputados rechazó otra norma que planteaba una rebaja en un 50 por ciento de los gastos en personal, gastos operacionales y asesorías externas, la cual fue refutada con 57 votos a favor, 80 en contra y 13 abstenciones.

De acuerdo con la norma, son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la administración del Estado, es decir, presidente y su gabinete, Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría, Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Orden y Seguridad, Consejo de Seguridad Nacional, administración interior, empresas y universidades del Estado.


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