Desapariciones forzadas en Colombia, ¿acción o indiferencia del Gobierno de Duque?

El Gobierno colombiano presidido por Iván Duque se ha caracterizado por constantes denuncias que movimientos sociales han hecho por la negligencia del Ejecutivo ante asesinatos sistemáticos a líderes sociales, perpetración de masacres, incumplimiento en los Acuerdos de Paz, así como de casos de desapariciones.

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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó el pasado mes de mayo su preocupación por el precario avance en Colombia para identificar a los desaparecidos producto del conflicto social y armado, el cual ya completa más de 60 años como fenómeno en el país.

"El Comité de Derechos Humanos de la ONU encargado de luchar contra las desapariciones forzadas lamenta que, a pesar de la firma de los Acuerdo de Paz, siga prevaleciendo este delito en diversas partes del país, incluso en un contexto de pandemia", indica el informe.

Respecto a los procesos de Justicia, el organismo multilateral enfatizó que son muy limitados los avances que el Ejecutivo ha tenido en este ámbito, "por los más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada pendientes de reconocer de los más de 10.000 que se han exhumado", alertan.

Aunque el presidente Duque insiste en respetar los Acuerdos de Paz y en priorizar a las víctimas del conflicto social y armado, lo cierto es que la persecución a líderes sociales se ha intensificado durante su administración.

"Con relación al derecho de reparación, de las 185.422 víctimas de desaparición forzada reconocidas en el Registro Único de Víctimas, solo han recibido reparaciones una pequeña parte, 12.490, y que se limitaron a compensaciones económicas", detalla la ONU.

Represiones y desapariciones

Durante el reciente paro nacional que duró más de dos meses, donde los colombianos salieron a las calles para rechazar las políticas económicas de Duque, así como la vorágine de la violencia, hubo un punto de quiebre del Gobierno con la comunidad internacional.

Organizaciones sociales denunciaron que al menos 129 personas fueron reportadas como desaparecidas durante el estallido social, además la organización no gubernamental (ONG) Temblores, especificó que se registraron 4.852 casos de violencia policial contra los manifestantes.

Temblores aseveró que se suscitaron 1.661 casos de violencia físicas por parte de la fuerza pública, 2.053 detenciones ilegales, 90 casos de lesiones oculares contra manifestantes, 228 casos de disparos con arma de fuego y 35 casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Pese a las denuncias de represión, el presidente Duque enfatizó que, durante el estallido social, las autoridades actuaron para "proteger a la población del vandalismo", pero en las últimas semanas han aparecido los cadáveres de jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en medio del paro nacional.