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"La comunidad de exguerrilleros que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación está en zozobra ...".

"La comunidad de exguerrilleros que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación está en zozobra ...". | Foto: FARC

Publicado 14 diciembre 2019


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hasta la fecha han sido asesinados 19 excombatientes en proceso de reincorporación en el departamento de Antioquía, de los cuales 11 han muerto en Ituango.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) envió una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, en la cual exigió la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente de su tercer punto en materia de seguridad, para comunidades y excombatientes en proceso de reincorporación.

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La misiva fue enviada tras el homicidio del excombatiente Manuel González, alias Jair Cartagena, a quien balearon cerca de la zona de reagrupamiento Román Ruiz, en el municipio de Ituango, Antioquia, hecho que generó temor en la comunidad.

"Ante esto la comunidad de exguerrilleros que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación está en zozobra y considera que estos hechos son un claro mensaje de intimidación para que se desplacen", manifestó el partido surgido de los acuerdos de paz.

El otrora insurgente era hijo del excomandante Manuel González, mejor conocido como Elmer Arrieta, candidato de la FARC a la asamblea departamental en las elecciones de octubre pasado.

La organización política denunció que el cadáver debió ser desplazado de la vía por exguerrilleros ante la falta de atención de autoridades competentes para hacerlo. Aún se desconoce la identidad o los motivos de los agresores.

En la misiva la formación detalla que hasta la fecha han sido asesinados 19 exguerrilleros en proceso de reincorporación en el departamento, de los cuales 11 han muerto en Ituango. Por ello, solicitan a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y algunos ministerios que generen garantías en la defensa de la vida y adelanten investigaciones para conocer los responsables de las amenazas y atentados a la comunidad.

Por otra parte, la colectividad solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que vele porque el gobierno cumpla las normas internas que se comprometió a respetar, y a las embajadas que convoquen una reunión de urgencia donde se adopten las medidas necesarias para enfrentar estas situaciones de riesgo.

Reiteradas veces la FARC ha denunciado la falta de garantías de seguridad para los siete mil combatientes que depusieron las armas bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas, con el acuerdo de paz de noviembre de 2016. Desde entonces, aseguran, más de 170 excombatientes han sido asesinados.


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