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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente y actual senador.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente y actual senador. | Foto: Corte Suprema de Justicia Colombia

Publicado 9 agosto 2020


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Grupo de Puebla destaca la importancia que la resolución final del caso del expresidente Álvaro Uribe tiene respecto al origen y las relaciones del paramilitarismo con el conflicto armado colombiano.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana, de detener al exmandatario Álvaro Uribe, mientras se le sigue el proceso judicial,  es una muestra de la institucionalidad en el país suramericano, destacó el Grupo de Puebla.

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En un comunicado, la entidad integrada por líderes progresista de al menos 14 países latinoamericanos, sugiere que el expresidente debe recibir, durante su defensa, todas las garantías que forman parte del concepto del debido proceso como parte del Estado de derecho.

"Es de público conocimiento la importancia que la resolución final de este caso tiene respecto al origen y las relaciones del paramilitarismo con el conflicto armado colombiano y sus implicaciones para la paz y la seguridad hemisféricas", precisaron los firmantes en su declaración.

En esta ocasión, entre los firmantes, destacan, Ernesto Samper, Clara López, Adriana Salvatierra, Camilo Lagos, Daniel Martínez, Iván Cepeda, José Miguel Insulza, Fernando Lugo y David Choquehuanca.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente y actual senador al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Tras el arresto de Uribe, un juzgado de control de Bogotá impuso la prisión domiciliaria a su abogado, Diego Cadena.

El caso de Cadena está ampliamente relacionado con la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Colombia en contra de Uribe.

Uribe también es investigado por otros delitos, algunos relacionados con el surgimiento de grupos antisubversivos de los años 90, y diversas violaciones a los derechos humanos.
 


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